El Gobierno cubano dio a conocer el Decreto 160/2026, una normativa que reduce de 125 a 79 las actividades económicas restringidas para el sector privado y amplía el espacio de actuación de las mipymes y cooperativas en áreas como los servicios farmacéuticos, la energía renovable, la minería y la comercialización de combustibles. Sin embargo, el Estado conserva el monopolio sobre sectores considerados estratégicos, como la prensa, la educación y la atención médica.

El Gobierno de Cuba anunció una nueva flexibilización de la actividad económica privada con la publicación del Decreto 160/2026, una norma que reduce de 125 a 79 las actividades prohibidas o condicionadas para el sector no estatal y permite la incursión de empresas privadas, mipymes y cooperativas en sectores que durante décadas estuvieron reservados al control estatal.

Entre las principales novedades figura la autorización para prestar determinados servicios farmacéuticos, ópticos, de cuidado y rehabilitación, además de la posibilidad de participar en la fabricación de productos farmacéuticos en asociación con la industria estatal y bajo las autorizaciones correspondientes. También se abre la puerta a la explotación privada de gasolineras, la generación y comercialización de energía mediante fuentes renovables y determinadas actividades relacionadas con la minería, el petróleo y el gas natural, estas últimas sujetas a la aprobación del Estado.

La normativa también permite la fabricación y ensamblaje de motocicletas, ciclomotores, triciclos y otros vehículos ligeros por parte del sector privado, ampliando las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

No obstante, la apertura mantiene límites claros. El decreto preserva el monopolio estatal sobre la información al prohibir que actores privados ejerzan actividades periodísticas, creen agencias de noticias o administren emisoras de radio y televisión. De igual manera, continúa vetada la enseñanza privada con titulación oficial y la prestación privada de servicios médicos y odontológicos.

Las medidas han generado reacciones encontradas. El analista Mag Jorge Castro consideró que las nuevas disposiciones reflejan un intento de corregir decisiones adoptadas décadas atrás, como la eliminación de las farmacias privadas tras el triunfo de la Revolución. A su juicio, permitir nuevamente este tipo de negocios evidencia el fracaso de políticas anteriores, aunque sostiene que la reforma sigue siendo insuficiente porque el Estado conserva el control de áreas clave para la sociedad.

Con la entrada en vigor del Decreto 160, el Gobierno amplía el margen de actuación del sector privado en determinadas actividades económicas, pero mantiene sin cambios el modelo de control estatal sobre la información, la educación y la salud, tres ámbitos que continúan fuera del alcance de la iniciativa privada.

Fuente: Mag Jorge Castro

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