A través de una plataforma disidente cubana, activistas comunicaron este miércoles que recogerán firmas para pedir que se apruebe en el país una ley que regule el derecho de manifestación y reunión, incluido en la Constitución de 2019 pero que, sin embargo, todavía no ha sido desarrollado legislativamente.
Un reporte de EFE indica que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), que reúne a grupos y personalidades de la oposición del país dentro y fuera de la isla, dijo que intentará conseguir 10.000 firmas de residentes para presentarlo como iniciativa legislativa ciudadana tal y como hizo con su propuesta de amnistía.
Asimismo, señaló que su objetivo es "que sea incluido en el cronograma legislativo de este año el debate y la consiguiente aprobación" de una ley "que implemente y desarrolle los derechos fundamentales" previstos en el artículo 56 de la Constitución, esto es, los de "reunión y manifestación con fines lícitos y pacíficos", añadió la agencia.
Por otro lado, la plataforma denunció en un comunicado que la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) no haya tramitado esta ley, a pesar de que se encontraba de manera inicial previsto aprobarla en este período legislativo, que concluirá con las elecciones parlamentarias del 26 de marzo.
Por otro lado, el CTDC pidió a la ANPP por escrito el pasado 13 de diciembre, contando con 500 firmas, "la reinclusión en el cronograma legislativo para el primer trimestre de 2023 del proyecto de Ley de Manifestación y Reunión".
En tanto, la ANPP le ha respondió el 24 de enero a través de su directora de Atención a la Población, Carmen Aguilar Martínez, que estaba previsto tramitar dicho proyecto de ley para esa legislatura, aunque se tuvo que posponer por "ajustes y prioridades".
Tras las multitudinarias protestas ocurridas en Cuba el 11 de julio de 2021, se comenzó a debatir con más fuerza en la isla el tema del derecho de manifestación en el país.
Un reporte de AFP indica que un total de 381 manifestantes que participaron en las históricas protestas fueron condenados por varios delitos, incluidos 36 que recibieron penas de hasta 25 años de cárcel por sedición.
Dichas protestas, fuertemente reprimidas por el régimen cubano, dejaron un muerto, decenas de heridos y más de 1.300 detenidos.
La fiscalía informó en un comunicado que "resultaron sancionadas 381 personas, incluyendo 16 jóvenes con edad entre 16 y 18 años, fundamentalmente por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia; atentado, desacato y desórdenes públicos".
Las sentencias, indica el citado medio, son definitivas, pues estas 381 personas apelaron ante el Tribunal Supremo las condenas que les fueron impuestas después de juicios sumarios.
En tanto, la Fiscalía precisó que "a 297 acusados se les impuso sanciones de privación de libertad", de ellos 36 con condenas de cárcel de hasta 25 años "por el delito de sedición".
A otros 84 detenidos, incluidos 15 jóvenes con edades entre 16 y 18 años, les conmutaron "la sanción de privación de libertad por otras penas alternativas que no implican (...) su ingreso a prisión", y podrán saldar sus condenas con "trabajo correccional con y sin internamiento".
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