El proceso de regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno español permitirá a miles de extranjeros en situación irregular acceder a un permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, la medida no será automática ni universal y contempla exclusiones claras, según explicó el abogado especializado en extranjería Vicente Marín, en declaraciones difundidas por el perfil Parainmigrantes.info.
El jurista advirtió que, aunque se trata de una oportunidad amplia, “no habrá papeles para todos”. Entre los primeros excluidos figuran quienes hayan ingresado a España después del 31 de diciembre de 2025. La normativa establece que solo podrán acogerse quienes hayan entrado antes de esa fecha y se encuentren físicamente en el país al momento de presentar la solicitud.
Otro requisito clave es la permanencia continuada. Las personas que hayan llegado como turistas y no acrediten al menos cinco meses de estancia efectiva en España antes de iniciar el trámite quedarán fuera del proceso, ya que no cumplirían con el criterio de arraigo mínimo exigido.
Asimismo, no podrán regularizar su situación quienes cuenten con antecedentes penales o con registros policiales de carácter grave. En la misma línea, quedarían excluidos los extranjeros sobre los que pesen órdenes de expulsión emitidas por otros Estados miembros de la Unión Europea.
Marín alertó además sobre un factor determinante: los errores administrativos. La falta de documentación, pruebas mal presentadas o fallos en el procedimiento pueden dejar fuera incluso a personas que sí cumplen los requisitos legales. Por ello, recomendó extremar el cuidado y la precisión al preparar cada expediente.
El abogado también aclaró cómo interactúa esta regularización con los trámites de arraigo ya en curso. Según explicó, es posible presentar la solicitud extraordinaria sin renunciar a un procedimiento previo, como el arraigo social o laboral. De hecho, el nuevo expediente tendrá carácter preferente, lo que podría acelerar la resolución.
El Gobierno ha encuadrado esta medida en un real decreto aprobado por vía urgente. La ministra de Inclusión Elma Saiz la presentó como una herramienta para garantizar derechos y oportunidades a quienes ya residen en el país. Las solicitudes se abrirán a principios de abril y podrán presentarse hasta el 30 de junio de 2026. La Administración dispondrá de un plazo máximo de tres meses para resolver.
Las estimaciones oficiales apuntan a que el proceso podría beneficiar a unas 500.000 personas, aunque algunos cálculos elevan la cifra potencial. Para Marín, se trata de una ocasión histórica, pero subraya que el éxito dependerá de una correcta información y una tramitación rigurosa.
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