Un trabajador de la Empresa Eléctrica de Isla de la Juventud fue condenado a ocho años de prisión tras ser acusado del delito de sabotaje, en un juicio celebrado con carácter ejemplarizante en medio de la profunda crisis energética que afecta a Cuba.
El proceso judicial estuvo a cargo de la Sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que se trasladó hasta el municipio especial para conocer la causa contra Alexis Benítez Babier.
Según la versión oficial presentada durante el juicio oral, el acusado trabajaba como operario “B” en la Unidad de Centrales Eléctricas de Isla de la Juventud y habría intentado apropiarse de aceite industrial utilizado en el funcionamiento de las plantas generadoras.
Las autoridades señalaron que en octubre de 2024, en medio de la compleja situación energética provocada por la salida de servicio de la unidad MAN 6, Benítez Babier manipuló el sello de seguridad que protegía una válvula con el objetivo de sustraer 60 litros de aceite MARTRON TI 4040.
De acuerdo con la acusación, la extracción de ese combustible industrial habría provocado una afectación de 24 megawatt/hora y daños económicos valorados en más de 4.400 pesos cubanos.
El tribunal sostuvo además que la sustracción del aceite de la máquina número 4 de la planta MAN 1 pudo haber reducido la generación eléctrica de 14,7 MW a 11,5 MW, dejando sin servicio a cerca del 50 por ciento de los clientes del territorio durante una jornada.
El juicio contó con la presencia de trabajadores de la empresa eléctrica y fue presentado por las autoridades como una advertencia frente a hechos que, según el Estado, afectan directamente el sistema energético nacional.
La Fiscalía calificó la conducta como delito de sabotaje, previsto en el artículo 125 del Código Penal cubano, una figura que suele aplicarse en casos considerados de impacto sobre sectores estratégicos del país.
Además de la condena de ocho años de privación de libertad, el acusado recibió sanciones accesorias como la prohibición de salida del territorio nacional y la privación de derechos públicos.
Las autoridades judiciales aseguraron que durante el proceso se respetaron las garantías constitucionales y el debido proceso establecidos en la legislación cubana. Tanto el sancionado como su defensa podrán presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular dentro del plazo legal correspondiente.
El caso ocurre en un contexto de fuertes apagones y deterioro del sistema eléctrico cubano, marcado por averías constantes, falta de combustible y dificultades para mantener operativas las plantas generadoras.
En los últimos meses, el gobierno cubano ha endurecido su discurso contra hechos relacionados con robos, desvíos de recursos y daños en instalaciones energéticas, mientras aumenta el malestar social por los prolongados cortes de electricidad en distintas provincias del país.
Fuente: Agencia Cubana de Noticias
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