La historia de Dania María Santi Morlanes ha encendido las redes sociales en Cuba y en comunidades de exiliados: exdecana de la Facultad de Lenguas y Comunicación de la Universidad de Camagüey, vinculada directamente con expulsiones y sanciones de profesores y alumnos críticos, ahora tiene residencia permanente en Estados Unidos.
Según fuentes confiables, la petición fue gestionada por su hija ciudadana estadounidense, lo que le permitió obtener la green card pese a su pasado como militante del Partido Comunista.
Su nombre ha quedado marcado en la memoria de quienes sufrieron represalias bajo su mando. Profesores como José Raúl Gallego y exalumnos como José Luis Tan Estrada la señalan como la “ejecutora visible” de castigos injustos: traslados forzosos, degradaciones laborales e incluso expulsiones por expresar opiniones críticas.
Para muchos, la noticia de su residencia en EE.UU. representa una contradicción dolorosa: quien aplicó medidas represivas ahora busca protección en una democracia.
La indignación crece al recordar los hechos documentados: Gallego fue trasladado a una plaza de menor remuneración en 2018, mientras que Tan Estrada fue expulsado en 2022, tras ser señalado por ejercer una “influencia negativa” a través de sus publicaciones en redes sociales. Ambos denunciaron acoso, vigilancia y campañas de descrédito, sufriendo incluso cortes de internet e interrogatorios antes de salir de Cuba.
La situación genera un debate candente: ¿debería alguien con historial de represión poder residir sin consecuencias en un país que defiende los derechos humanos? La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a Santi Morlanes en una lista de presuntos represores enviada a congresistas y agencias estadounidenses, evidenciando que su historial no pasa desapercibido.
Mientras tanto, la exdecana y su esposo, un exoficial del Ministerio del Interior vinculado a corrupción, planean continuar su vida fuera de Cuba, incluso se había especulado sobre un traslado a Uruguay. Entre críticas y memes, las redes sociales no dejan de preguntarse: ¿puede existir impunidad cuando quienes abusaron de su poder buscan seguridad lejos del país donde cometieron injusticias?
La historia de Santi Morlanes no solo refleja la realidad de represores que buscan nuevas oportunidades, sino también el costo humano de las políticas de control en instituciones académicas. Su caso se ha vuelto un símbolo de contradicciones, memoria histórica y justicia pendiente, provocando debates que podrían marcar el tono de la discusión sobre impunidad y derechos humanos en la era digital.
Fuente: Periódico Cubano