La Fiscalía General de la República de Cuba advirtió que aplicará “todo el rigor de la ley” contra quienes provoquen daños al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), en momentos en que la población enfrenta una profunda crisis energética, con prolongados apagones y frecuentes fallas en la infraestructura eléctrica.
El mensaje de las autoridades judiciales cubanas coloca bajo la figura penal de “Sabotaje” una serie de acciones relacionadas con la sustracción, destrucción o deterioro de componentes utilizados en la generación y distribución de electricidad.
Según la Fiscalía, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se abrieron más de 460 investigaciones penales por hechos vinculados al SEN. Los casos incluyen presuntos delitos de sabotaje, daños, robo con fuerza, hurto y receptación.
Uno de los principales problemas detectados es el robo de aceite dieléctrico utilizado en transformadores. Las autoridades aseguran que se registraron más de 300 denuncias por este concepto en todas las provincias, con mayor incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Mayabeque, Santiago de Cuba y Artemisa.
También se investigan robos de cables, alambres, tornillos y piezas de torres de alta tensión, así como daños en parques solares fotovoltaicos. De acuerdo con la Fiscalía, estas acciones pueden dejar sin electricidad durante períodos prolongados a miles de familias y afectar además servicios esenciales como el suministro de agua, las comunicaciones y la producción de alimentos.
La advertencia adquiere especial relevancia debido al deterioro de la infraestructura eléctrica cubana y a la escasez de combustible que mantiene al país bajo un régimen de apagones. En ese contexto, las autoridades atribuyen parte de las dificultades a lo que califican como “guerra económica” y a la política de máxima presión de Estados Unidos.
La Fiscalía recordó que los artículos 125 y 126 del Código Penal contemplan para el delito de sabotaje penas que pueden alcanzar hasta 30 años de prisión, cadena perpetua e incluso la pena de muerte en determinados supuestos.
Las autoridades también señalaron que desde mayo de 2025 el Tribunal Supremo Popular estableció que determinados actos vandálicos contra instalaciones y componentes del sistema electroenergético pueden ser considerados sabotaje, una calificación que eleva considerablemente las consecuencias penales.
Según la Fiscalía, el 87 % de los imputados presentados en estos procesos quedó sujeto a prisión provisional. Además, aseguró que todos los condenados en 2026 por hechos relacionados con el SEN recibieron sanciones por sabotaje, principalmente de entre nueve y 20 años de prisión.
El organismo también advirtió que vehículos, maquinaria agrícola y otros bienes utilizados en los hechos o procedentes de ellos pueden ser decomisados o confiscados.
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