La política de detención obligatoria impulsada por la Administración de Donald Trump sufrió un nuevo revés judicial luego de que un panel del Tercer Circuito de la Corte de Apelaciones determinara que ciertos inmigrantes que llevan años viviendo en Estados Unidos no pueden ser privados automáticamente de una audiencia para solicitar fianza.
La decisión, adoptada por dos votos contra uno, cuestiona la interpretación utilizada por el Gobierno para aplicar de manera más amplia una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y mantener detenidos sin posibilidad de fianza a inmigrantes que ya habían establecido vínculos y una vida en el país.
El caso surgió a partir de las demandas presentadas por Gabriel Buele Morocho y Wanderson Lopes De Andrade, dos inmigrantes con varios años de residencia en Estados Unidos que fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La jueza Patty Shwartz redactó la opinión mayoritaria, respaldada por el juez Theodore McKee. Ambos consideraron que la interpretación del Gobierno sobre las normas de detención era demasiado amplia y que impedir automáticamente una audiencia de fianza también puede plantear problemas relacionados con las garantías de debido proceso establecidas en la Quinta Enmienda de la Constitución.
La jueza Jennifer Mascott, designada durante la Administración Trump, presentó una opinión disidente. Argumentó que la decisión crea una diferencia difícil de justificar entre determinados inmigrantes detenidos después de ingresar al país y aquellos que se presentan ante las autoridades migratorias.
La disputa se centra en la sección 1225(b)(2)(A) de la INA, que establece reglas de detención para personas consideradas solicitantes de admisión a Estados Unidos. Desde 2025, la Administración Trump comenzó a utilizar esta disposición de forma más amplia para sostener que determinados inmigrantes que se encuentran dentro del país pueden ser tratados bajo ese régimen.
Esa interpretación tiene importantes consecuencias. La aplicación de la sección 1225 puede conducir a una detención obligatoria sin una audiencia individual de fianza, mientras que la sección 1226(a), utilizada en otros casos de inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos, permite solicitar una audiencia ante un juez de inmigración.
En esa audiencia, el juez puede evaluar las circunstancias particulares del detenido y determinar si debe permanecer bajo custodia o puede recuperar su libertad mientras continúa su proceso migratorio.
El Tercer Circuito concluyó que el Gobierno no puede convertir automáticamente a inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos en personas sujetas a las mismas reglas aplicables a quienes buscan ingresar al país.
El fallo representa otro obstáculo judicial para la estrategia de detención de la Administración Trump y se suma a decisiones de otros tribunales federales que han cuestionado la utilización expansiva de la normativa migratoria.
La resolución podría beneficiar a inmigrantes con años de permanencia en Estados Unidos que se encuentren detenidos bajo esta interpretación, aunque cada caso dependerá de sus circunstancias y de la base legal utilizada para ordenar la detención.
Fuente: El Diario