El gobernador de Florida, Ron DeSantis, reconoció que el polémico centro de detención para inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades, podría cerrar próximamente, mientras continúan las críticas por las condiciones del lugar y el elevado costo de mantenerlo operativo.
Durante una conferencia de prensa, DeSantis afirmó que la instalación “siempre fue concebida como temporal” y aseguró que el estado está dispuesto a cerrarla cuando deje de ser útil para los objetivos migratorios impulsados por la administración de Donald Trump.
“Ha tenido un gran impacto. Si mañana apagamos las luces, podremos decir que cumplió su propósito”, declaró el gobernador republicano, quien afirmó que cerca de 22.000 inmigrantes indocumentados han pasado por el centro desde su apertura.
La instalación, construida el pasado verano sobre una pista de aterrizaje remota en los Everglades, se convirtió rápidamente en símbolo de la política migratoria más dura aplicada en Florida. Su aislamiento y las difíciles condiciones del terreno le valieron el apodo de “Alligator Alcatraz”.
Sin embargo, detrás de la imagen de mano dura migratoria, el centro enfrenta crecientes cuestionamientos. Según reportó The New York Times, funcionarios federales consideran que la instalación resulta demasiado costosa e incluso ineficaz.
El estado de Florida estaría gastando más de un millón de dólares diarios para mantener el centro funcionando. Además, Florida todavía no ha recibido el reembolso federal de más de 608 millones de dólares solicitados para cubrir los gastos operativos.
Fuentes citadas por el diario estadounidense aseguran que algunos contratistas privados han tenido dificultades para asumir los costos de operación debido a la compleja logística de mantener una instalación en medio de una zona pantanosa y aislada.
A esto se suman las denuncias de inmigrantes detenidos y organizaciones defensoras de derechos humanos, que han acusado al centro de operar bajo condiciones “inhumanas” e “insalubres”.
Abogados de detenidos han denunciado presuntos abusos físicos dentro de la instalación. Uno de ellos afirmó recientemente ante un tribunal federal que guardias golpearon y utilizaron gas pimienta contra varios inmigrantes después de protestas relacionadas con restricciones en el acceso telefónico.
Pese a las críticas, el Departamento de Seguridad Nacional negó que exista presión federal para cerrar el centro y afirmó que Florida continúa siendo “un socio valioso” en la agenda migratoria de Trump.
Las conversaciones sobre el posible cierre todavía se encuentran en una etapa preliminar, pero las declaraciones de DeSantis confirman que el futuro de la controvertida instalación está ahora en discusión.
El centro también ha sido objeto de múltiples demandas judiciales y fuertes críticas por albergar principalmente a hombres inmigrantes, muchos de ellos sin antecedentes penales, según datos federales.
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