La Justicia argentina confirmó el decomiso de más de 100 inmuebles vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez, en el marco de la causa Vialidad. La medida judicial incluye propiedades heredadas, departamentos, terrenos y activos empresariales, y busca cubrir una deuda que asciende a casi 685.000 millones de pesos.
La decisión fue adoptada por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 2. Con esta resolución, se habilita la ejecución plena del decomiso, que había quedado pendiente tras la confirmación de las condenas por la Corte Suprema.
El alcance de la medida es amplio: un total de 111 inmuebles serán afectados. De ellos, 84 pertenecen a Lázaro Báez, principal beneficiario del esquema de obra pública investigado en Santa Cruz. Otros 19 bienes corresponden a Máximo y Florencia Kirchner, incluyendo propiedades vinculadas al complejo “Hotesur–Los Sauces”. Además, se incluye un terreno de más de 6.000 metros cuadrados en El Calafate a nombre de la exmandataria.
Entre los bienes bajo revisión también figuran departamentos ubicados en Río Gallegos, específicamente en la calle Mitre al 500, adquiridos en 2007, además de otras propiedades en la misma ciudad. La Justicia evaluó también inmuebles que habían sido transferidos a los hijos de la expresidenta, los cuales habían sido objeto de intentos de exclusión del proceso.
En caso de que estos activos no sean suficientes para cubrir el monto total fijado por la sentencia, el Estado podrá avanzar sobre el patrimonio de otros condenados, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas José López y exfuncionarios de Vialidad.
Las defensas habían solicitado limitar el alcance del decomiso, argumentando falta de relación directa entre algunos bienes y el delito investigado. Sin embargo, el tribunal consideró que en casos complejos de corrupción no se requiere una trazabilidad estricta del dinero, sino una vinculación razonable con la actividad ilícita.
Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que el decomiso no es una sanción simbólica, sino una herramienta destinada a recuperar de forma efectiva los activos obtenidos de manera ilegal. En ese sentido, remarcaron que la medida tiene un carácter “restaurativo” del patrimonio del Estado.
Por su parte, el juez Mariano Borinsky expresó una postura parcialmente divergente, al considerar que algunos bienes heredados no contaban con prueba suficiente de origen ilícito, lo que podría excluirlos del decomiso.
La resolución judicial marca el avance final de la ejecución patrimonial en una de las causas de corrupción más relevantes del país, dejando firme el proceso de recuperación de activos que ahora pasa a etapa de ejecución material.
Fuente: La Nación
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