Miles de emigrantes que esperaban respuestas a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos enfrentan ahora órdenes de deportación a países donde no han vivido ni tienen vínculos, una práctica polémica que ha desatado críticas legales y preocupaciones de derechos humanos, mientras nuevos acuerdos con naciones como Costa Rica y la República Democrática del Congo avanzan este modelo migratorio.
La política estadounidense que permite deportar a solicitantes de asilo a terceros países —naciones distintas a su país de origen, donde los afectados no tienen vínculos familiares o culturales— ha generado una situación de profunda incertidumbre legal para miles de migrantes. Datos de organizaciones como Mobile Pathways, recopilados a partir de registros judiciales y del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), muestran que más de 13,000 personas han recibido órdenes de deportación bajo esta modalidad tras la cancelación de sus casos de asilo, un fenómeno que ha sido ampliamente difundido por agencias como Associated Press.
A diferencia de las deportaciones tradicionales, en las que un migrante es devuelto a su país de origen, esta estrategia busca externalizar la responsabilidad migratoria mediante acuerdos bilaterales con Estados considerados “seguros” para recibir a estas personas. Países de América Latina como Honduras y Ecuador, así como naciones africanas como Uganda, forman parte de estos pactos, aunque la mayoría de los deportados no tiene ningún lazo con esas sociedades.
Varios gobiernos han suscrito compromisos recientes. Por ejemplo, Costa Rica acordó recibir hasta 25 migrantes por semana, bajo el argumento de ofrecerles estatus legal temporal y servicios básicos con apoyo financiero estadounidense, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han cuestionado la transparencia del proceso. Asimismo, la República Democrática del Congo ha aceptado iniciar la llegada de deportados este mes en un acuerdo pagado por Washington, ampliando así la red de países implicados.
Pese a las órdenes emitidas, menos de 100 personas han sido deportadas efectivamente hasta ahora, según datos de Third Country Deportation Watch, una iniciativa conjunta de Refugees International y Human Rights First que monitorea este fenómeno. Esto obedece a diversas barreras logísticas —como la capacidad de los países receptores y el procesamiento de vuelos internacionales— y a desafíos legales que complican la implementación completa de esta política.
La estrategia ha enfrentado duros cuestionamientos jurídicos en Estados Unidos. Un juez federal del Distrito de Massachusetts determinó que la práctica es “ilegal” por violar el debido proceso al no permitir notificaciones significativas ni oportunidades para impugnar las órdenes de deportación, aunque el gobierno ha apelado la decisión.
Organizaciones internacionales destacan que, más allá de su legalidad, estas deportaciones pueden tener consecuencias humanitarias graves: el traslado a países con sistemas de asilo precarios o inexistentes deja a los migrantes expuestos a riesgos de explotación, detención prolongada y exclusión social. La presión, alertan activistas, no sólo pone en jaque derechos básicos, sino que transforma el proceso de asilo en un instrumento de disuasión y miedo, en lugar de protección y justicia.
Fuentes: The Guardian
Foto: AS
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