El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría impulsando una amplia ofensiva para revocar la ciudadanía a cientos de estadounidenses nacidos en el extranjero, como parte de la política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, enfocada en endurecer los controles sobre la naturalización.
De acuerdo con fuentes citadas por NBC News y otros medios, al menos 300 personas ya han sido identificadas como posibles objetivos de procesos de desnaturalización, aunque funcionarios reconocen que la cifra podría ascender a varios cientos. La iniciativa involucra a fiscales federales en distintas regiones del país, quienes trabajan en coordinación para avanzar en estos casos.
El esfuerzo cuenta con el respaldo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que ha reforzado su personal y redistribuido recursos con el objetivo de detectar irregularidades en procesos de naturalización. Según reportes, la meta sería remitir entre 100 y 200 casos mensuales al Departamento de Justicia para su evaluación y posible procesamiento.
Desde el gobierno, la medida se presenta como un intento de sancionar fraudes en la obtención de la ciudadanía. Un portavoz del Departamento de Justicia aseguró que la prioridad es “erradicar a los extranjeros delincuentes que defraudan el proceso de naturalización” y afirmó que se trata del mayor esfuerzo de este tipo en la historia del país.
Sin embargo, la magnitud de la iniciativa marca un cambio significativo respecto a prácticas anteriores. Tradicionalmente, los procesos de desnaturalización han sido poco frecuentes y reservados para casos graves, como la ocultación de crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos o antecedentes penales relevantes durante la solicitud de ciudadanía.
Durante el primer mandato de Trump, el gobierno presentó poco más de un centenar de casos en cuatro años. El nuevo impulso, en cambio, apunta a una expansión considerable de estos procedimientos, lo que ha generado preocupación entre expertos legales y organizaciones defensoras de inmigrantes.
Aunque no se han detallado públicamente todos los criterios utilizados para seleccionar los casos, el Departamento de Justicia ha indicado que se priorizan situaciones que involucren riesgos para la seguridad nacional, fraude en programas federales como Medicare o Medicaid, o cualquier otra forma de engaño al gobierno durante el proceso migratorio.
La campaña de desnaturalización forma parte de una estrategia más amplia para reducir la inmigración y reforzar los controles migratorios en el país. Entre las medidas implementadas también se incluyen operativos de detención y deportación en diversas ciudades, así como la ampliación de instalaciones para albergar a inmigrantes detenidos.
Cada año, alrededor de 800.000 personas obtienen la ciudadanía estadounidense, según datos oficiales. En ese contexto, el aumento de revisiones y posibles revocaciones introduce un nuevo nivel de incertidumbre para quienes han completado ese proceso.
Aunque las autoridades insisten en que las acciones están dirigidas exclusivamente contra casos de fraude, el alcance de la iniciativa y su ritmo acelerado reflejan un endurecimiento sin precedentes en la política de inmigración del país.
Fuente: NBC News
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