El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha generado una nueva controversia dentro de su propio movimiento político MAGA después de reconocer que su política de deportaciones pudo haber sido demasiado estricta y sugerir la posibilidad de alcanzar acuerdos para regularizar la situación de inmigrantes indocumentados que llevan muchos años viviendo y trabajando en el país.
Las declaraciones, realizadas durante una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS News, han provocado fuertes reacciones entre sectores conservadores que respaldan la política migratoria de línea dura defendida por el mandatario.
Trump reconoció que la ofensiva migratoria de su administración pudo perjudicar electoralmente a los republicanos y admitió que algunas medidas fueron «demasiado duras».
Sin embargo, sus comentarios fueron más allá de reconocer posibles errores. El presidente planteó que, mientras los delincuentes violentos, narcotraficantes y otras personas consideradas peligrosas deben ser expulsados, podría buscarse un acuerdo para quienes llevan entre 10 y 15 años en Estados Unidos.
«Lleguen a un acuerdo para las personas que están aquí», expresó Trump al referirse a los inmigrantes que llevan años residiendo en el país.
El planteamiento provocó un fuerte rechazo entre figuras y organizaciones conservadoras que consideran cualquier posibilidad de regularización una concesión inaceptable. Según un análisis publicado por CNN, organizaciones como Heritage Foundation y el House Freedom Caucus difundieron mensajes contrarios a una eventual amnistía migratoria.
También se pronunciaron dirigentes republicanos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recordó su postura favorable a mantener una política estricta de deportaciones, mientras que el congresista Bob Onder publicó un mensaje en contra de cualquier amnistía para inmigrantes indocumentados.
Steve Cortes, antiguo asesor de Trump, calificó una eventual negociación de ese tipo como una traición a los principios del movimiento, mientras que el estratega republicano Ryan Girdusky advirtió que la propuesta podría perjudicar gravemente al partido.
Ante la controversia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que no habrá amnistía y que la política de aplicación de las leyes migratorias no cambiará. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el Congreso examine una reforma relacionada con los beneficiarios del programa DACA, que protege de la deportación a determinados inmigrantes que llegaron al país siendo niños.
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