Agentes federales arrestaron esta tarde en el aeropuerto de Atlanta al ex congresista federal republicano de Miami David Rivera, quien había firmado un acuerdo de consultoría con una empresa asociada al gobierno de Venezuela para tratar de mejorar la imagen de Nicolás Maduro en Estados Unidos, confirmaron fuentes judiciales.

Rivera, de 57 años, fue acusado por un gran jurado federal, pero el documento permanece todavía sellado, dijo a la agencia AP Marlene Rodríguez, portavoz de la fiscalía federal en Miami. El ex congresista fue presentado este lunes ante una corte federal de Atlanta y ya está libre bajo fianza. 

En el 2017 Rivera firmó un contrato de “consultoría estratégica” con PDV USA, entonces una filial estadounidense Citgo que buscaba mejorar la imagen del régimen de Caracas ante la administración entrante de Donald Trump. La negociación fue por $50 millones, aunque el ex legislador sólo recibió $15 millones, de los cuales transfirió la mayor parte a una compañía de barcos de un magnate venezolano prófugo de la justicia estadounidense y a un narcotraficante convicto.

Tres años después, la firma de Rivera, Interamerican Consulting, fue demandada por incumplimiento de contrato. PDV USA, controlada entonces por nuevos socios detractores de Maduro, alegó que el político y cabildero de Miami no realizó el trabajo de relaciones públicas para “construir puentes” y lavar la imagen del régimen venezolano.

“El señor Rivera jamás prestó servicio alguno a Citgo y, tal parece, jamás tuvo intención de hacerlo”, dijo un documento judicial presentado ante la corte en agosto pasado por PDV USA. “En su lugar, el verdadero propósito del acuerdo fue encubrir transacciones ilícitas”, añade.

Según ese documento, que incluye 18 mil mensajes de texto y Whatsapp del teléfono de Rivera, unos $3.7 millones de los $15 millones pagados fueron a parar a una compañía de yates de Raúl Gorrín, un multimillonario venezolano a quien Estados Unidos culpa de una conspiración internacional para defraudar $1200 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. 

Cantidades similares de los fondos fueron enviadas, además, a Esther Nuhfer, una antigua asociada política y confidente de Rivera, y a un individuo que en el pasado se había declarado culpable de tráfico de drogas. 

Tras ser demandado por PDV USA, Rivera contrademandó a esa compañía alegando incumplimiento del pago de más de $30 millones restantes del contrato inicial.

Pero desde entonces toda la negociación había estado bajo la lupa de la fiscalía federal de Miami, en especial el papel jugado por Rivera, quien en ningún momento se registró como agente extranjero como establece la ley.

Esta tarde el abogado de Rivera, Jeffrey Feldman, declinó comentar el caso tras señalar que aún no había podido revisar la acusación. 

Si bien Rivera se ha presentado históricamente como un ferviente anticomunista enemigo de los regímenes de La Habana y Caracas, documentación de la demanda demuestra como intentó coordinar una reunión entre el Canciller de Venezuela y ejecutivos de la compañía Exxon. 

Rivera, quien fue congresista federal entre 2011 y 2013, es uno de los amigos más cercanos del influyente Senador republicano Marco Rubio desde los tiempos en que ambos servían en la legislatura de Florida.

 En otro caso separado, en febrero del 2021 una jueza federal de Miami lo había condenado a pagar $ 456 mil de multa por canalizar decenas de miles de dólares a un candidato fantasma en un esquema ilegal de campaña en el 2012.

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