Un tribunal de Seúl condenó al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, a 30 años de prisión tras declararlo culpable de delitos relacionados con una operación encubierta con drones sobre Pyongyang que, según la justicia, buscaba provocar una escalada con Corea del Norte y crear las condiciones para justificar la imposición de la ley marcial.

La sentencia sostiene que la misión no respondió a necesidades legítimas de defensa nacional, sino que fue concebida para aumentar deliberadamente las tensiones entre ambos países. Los jueces consideraron probado que el exmandatario incurrió en abuso de poder y en acciones que beneficiaron al enemigo al poner en riesgo la seguridad nacional por intereses políticos.

En el mismo proceso también fueron condenados el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien recibió una pena de 30 años de cárcel, y el exjefe de contrainteligencia militar, Yeo In-hyung, sentenciado a 15 años. Por su parte, el excomandante del Comando de Operaciones con Drones, Kim Yong-dae, recibió una condena de tres años de prisión suspendida durante cinco años debido a circunstancias atenuantes.

La investigación judicial concluyó que, desde octubre de 2024, se realizaron vuelos de drones sobre la capital norcoreana y se distribuyeron materiales de propaganda críticos con el régimen de Pyongyang con el objetivo de provocar una reacción militar. De acuerdo con el fallo, estas acciones sirvieron como antesala para la declaración de la ley marcial anunciada por Yoon el 3 de diciembre de ese mismo año.

El tribunal afirmó que la operación consumió recursos militares de forma innecesaria, comprometió la preparación de las fuerzas armadas y expuso capacidades estratégicas de Corea del Sur. Además, señaló que existía un riesgo real de desencadenar enfrentamientos que pudieran causar víctimas y daños materiales.

Los magistrados también sostuvieron que los militares fueron utilizados para cumplir órdenes ajenas a su misión constitucional y que muchos de ellos no estaban legalmente obligados a ejecutar dichas instrucciones.

En su resolución, la corte indicó que los acusados intentaron generar una situación de emergencia para justificar medidas excepcionales, en lugar de responder a una amenaza existente, lo que consideró una desviación grave del marco constitucional.

La defensa del expresidente rechazó el veredicto y calificó el proceso como una persecución política. Sus abogados argumentaron que las acciones investigadas formaban parte de una respuesta legítima frente a las provocaciones de Corea del Norte y anunciaron que impugnarán la decisión.

El fallo marca un precedente en la historia judicial de Corea del Sur al tratarse de uno de los casos más severos contra un exjefe de Estado por actuaciones vinculadas con la seguridad nacional y el uso del aparato militar con fines políticos.

Fuente: The Korea Herald

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