El Tribunal Municipal Popular de Majagua, en la provincia de Ciego de Ávila, condenó a cuatro años de prisión a una empleada de Correos de Cuba tras hallarla culpable del delito de malversación por apropiarse de más de 57,000 pesos destinados al pago de pensiones y giros postales.

Según informó el Tribunal Supremo Popular en su sitio oficial, los hechos ocurrieron en una oficina postal ubicada en la localidad rural de Orlando González, donde la acusada se desempeñaba como gestora comercial. Durante aproximadamente tres meses, la trabajadora sustrajo 33,110 pesos correspondientes a pagos de jubilaciones y 23,961 pesos relacionados con giros postales que no llegaron a ser entregados a sus destinatarios.

La investigación reveló que la empleada utilizaba distintos pretextos para justificar los retrasos en los pagos. Entre ellos, argumentaba ante los beneficiarios que la oficina no contaba con efectivo disponible, por lo que debían regresar en otra fecha para cobrar sus pensiones. De manera similar actuó con varios giros postales, cuyos montos terminó reteniendo de forma indebida.

Las irregularidades permanecieron sin detectarse durante algún tiempo, hasta que una inspección realizada por una comisión provincial permitió sacar a la luz las anomalías. Los funcionarios se encontraban investigando inicialmente la desaparición de varios ventiladores en la misma oficina postal, cuando algunos usuarios manifestaron inconformidades relacionadas con pagos de pensiones y transferencias que no habían recibido.

A partir de esas quejas comenzaron a detectarse inconsistencias en documentos, comprobantes y registros de identidad, lo que llevó a profundizar en el análisis de las operaciones realizadas en la sucursal. La revisión evidenció irregularidades administrativas que, según las autoridades, podrían haberse detectado con un control más riguroso.

Como resultado del proceso judicial, también fue juzgada la directora de la oficina postal por incumplimiento del deber de proteger los bienes del Estado. Aunque el tribunal determinó que no obtuvo beneficios personales del delito, se le impuso una sanción de trabajo correccional sin internamiento durante un año.

El fallo incluyó además sanciones accesorias para ambas implicadas, como la suspensión de derechos públicos, la prohibición de ejercer cargos similares y la restricción de salida del país.

Las autoridades no revelaron la identidad de las acusadas ni precisaron si el dinero sustraído fue recuperado o devuelto a las personas afectadas.

Fuente: Tribunal Supremo Popular de Cuba.

Recomendado para ti