El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba celebró el juicio oral correspondiente a la causa 19 de 2026, en el que fueron sancionadas cuatro personas por delitos relacionados con la falsificación de documentos bancarios, malversación y tráfico ilegal de moneda nacional y divisas.

Según la información publicada por el periódico Sierra Maestra, tres de los acusados recibieron penas de privación de libertad de 15, 14 y 10 años respectivamente, mientras que un cuarto implicado fue sancionado con multa de 600 cuotas de 40 pesos cada una.

Los hechos ocurrieron en la Unidad Empresarial de Base (UEB) perteneciente a la Empresa de Conservas de Vegetales de Santiago de Cuba, donde los principales acusados ocupaban cargos en el área contable y financiera.

De acuerdo con lo expuesto en el juicio, tras la aprobación de un crédito bancario de 20 millones de pesos a la entidad, los implicados realizaron varias transferencias hacia cuentas personales. En total, se efectuaron operaciones que ascendieron a 5 175 504.22 pesos.

Posteriormente, el dinero fue distribuido entre los involucrados, quienes se apropiaron de una parte significativa de los fondos desviados, según quedó probado en el proceso judicial. Parte de esos recursos también fueron utilizados en la compra de divisas en el mercado informal.

El tribunal determinó que los hechos constituyen delitos de falsificación de documentos bancarios y de comercio de carácter continuado para cometer malversación, así como tráfico ilegal de moneda nacional y divisas, conforme a lo establecido en el Código Penal vigente.

Además de las penas privativas de libertad y la multa impuesta, se aplicaron sanciones accesorias que incluyen la privación de derechos públicos, la prohibición de salida del territorio nacional y, en el caso de dos de los condenados, la inhabilitación para el ejercicio de cargos o funciones relacionadas con su profesión.

Asimismo, se estableció la obligación de los sancionados de reintegrar a la entidad afectada la totalidad del dinero obtenido mediante la defraudación.

Durante el proceso judicial, las autoridades señalaron que se cumplieron las garantías procesales previstas en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del Proceso Penal.

La Fiscalía y los sancionados tienen derecho a interponer los recursos legales correspondientes contra la decisión del tribunal, según se informó al cierre del proceso.

Fuente: Cubadebate

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