Un tribunal federal de apelaciones decidió mantener en funcionamiento el centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en los Everglades de Florida, al desestimar los argumentos que exigían su cierre por presuntas violaciones a la legislación ambiental.

El fallo fue emitido por el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, que respaldó una decisión previa para bloquear la orden de una jueza de distrito que había ordenado suspender las operaciones de la instalación.

La mayoría del panel de tres jueces concluyó que el centro no está sujeto a regulaciones ambientales federales, al considerar que fue construido y financiado completamente por el estado de Florida, sin control directo del gobierno federal. Según el tribunal, esta condición exime a la instalación de cumplir con requisitos como la evaluación de impacto ambiental exigida por leyes federales.

La orden inicial había sido dictada por la jueza Kathleen Williams, quien argumentó que el proyecto debía someterse a revisión ambiental. Sin embargo, el tribunal de apelaciones suspendió rápidamente esa decisión mientras evaluaba el caso en profundidad, proceso que culminó con el fallo actual.

El centro fue inaugurado el pasado verano por autoridades estatales como parte de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, en medio de un endurecimiento de las medidas contra la inmigración irregular.

Organizaciones ambientalistas como Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity, que impulsaron la demanda, rechazaron la decisión y aseguraron que continuarán la batalla legal cuando el caso regrese al tribunal de distrito.

“Esta lucha está lejos de terminar”, afirmó Eve Samples, directora de Friends of the Everglades, quien denunció que la instalación fue construida de manera apresurada en un ecosistema altamente vulnerable, sin los estudios ambientales necesarios y con posibles consecuencias tanto ecológicas como humanas.

El caso también ha generado controversia por denuncias sobre el trato a los detenidos. A inicios de este mes, un abogado aseguró en documentos judiciales que algunos inmigrantes habrían sido víctimas de uso excesivo de la fuerza por parte de los guardias, incluyendo agresiones físicas y el uso de gas pimienta.

No obstante, el fallo no fue unánime. La jueza Nancy Abudu emitió un voto en contra, en el que cuestionó la interpretación de la mayoría. Según argumentó, la política migratoria es competencia exclusiva del gobierno federal, por lo que el hecho de que Florida haya construido el centro no elimina la participación ni la responsabilidad de las autoridades federales.

El litigio continuará en instancias inferiores, mientras crecen las tensiones entre autoridades estatales, grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos en torno a una instalación que sigue generando debate en Florida.

Fuente: N+ Univisión

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