El visible incremento de tropas especiales y fuerzas policiales en las principales ciudades cubanas evidencia una estrategia focalizada en la contención del descontento social por encima de la protección ciudadana, en medio de una severa crisis económica marcada por apagones e hiperinflación.

El constante despliegue de la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocidos popularmente como los «Boinas Negras», ha intensificado el debate sobre las verdaderas prioridades del sistema policial en Cuba. Mientras el país atraviesa una de sus peores etapas de escasez y precariedad, la respuesta visible en los espacios públicos se inclina hacia la vigilancia constante y la militarización de las vías principales.

La disparidad en la actuación de los cuerpos de seguridad se ha convertido en un punto crítico para la población. Ante denuncias de delitos comunes, robos en viviendas o actos de violencia en la vía pública, la respuesta de las patrullas suele caracterizarse por la demora prolongada o la ausencia total de efectivos.

Sin embargo, la movilización de fuerzas operativas y vehículos es inmediata y multitudinaria cuando se trata de contener protestas pacíficas, vigilar a ciudadanos disidentes o disuadir cualquier manifestación de descontento contra la gestión estatal.

Esta marcada diferencia entre los operativos sugiere que los recursos de seguridad están orientados de forma prioritaria a la preservación de la estabilidad política y al control del espacio público para evitar eventuales estallidos sociales. La presencia intimidatoria de uniformes y cascos en las calles contrasta con la falta de respuestas efectivas ante las demandas básicas de la ciudadanía, generando un clima donde la prevención del delito común pasa a un segundo plano frente al monitoreo de la opinión pública.

Fuente: La Tijera

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