Nuevas disposiciones oficiales regulan por primera vez la operación de residencias privadas para adultos mayores en Cuba, estableciendo condiciones estructurales, sanitarias y administrativas para su funcionamiento.

El gobierno cubano formalizó recientemente la regulación de los asilos privados mediante la publicación de nuevas normativas en la Gaceta Oficial, marcando un cambio en el manejo del cuidado a personas mayores en la isla. La medida reconoce la existencia de iniciativas dentro del sector no estatal y establece un marco legal para su funcionamiento.

Las disposiciones principales están contenidas en la Resolución 247/2025 del Ministerio de Salud Pública y la Resolución 50/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios. Estas normativas definen los requisitos que deben cumplir los interesados en gestionar residencias de cuidado, así como los parámetros básicos para la prestación de servicios.

El nuevo marco contempla tres modalidades de atención: cuidados diurnos, cuidados permanentes y una opción mixta. Para operar, los centros deberán garantizar condiciones estructurales adecuadas, acceso a servicios básicos y la presencia de personal capacitado. Como parte de los requisitos, los cuidadores deberán completar un curso obligatorio, cuyo costo fue fijado en 500 pesos cubanos.

Uno de los elementos incluidos en la regulación es la vinculación de estas residencias con el sistema público de salud. Cada instalación estará asociada a un área de salud específica, lo que permitirá a los residentes recibir seguimiento médico, atención de urgencias y otros servicios especializados. La coordinación de estos servicios recaerá en los gestores de cada centro.

Asimismo, se establece que los asilos privados deberán destinar al menos el 10 % de su capacidad a personas remitidas por el sistema de asistencia social, lo que introduce un componente de apoyo a sectores vulnerables dentro de este modelo.

Las normativas también contemplan mecanismos de control. Las autoridades realizarán inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos. En caso de detectarse irregularidades, como negligencia o vulneración de derechos de los residentes, se prevén sanciones que pueden incluir la suspensión de la licencia de operación.

A pesar de la implementación de este marco regulatorio, algunos aspectos quedan abiertos. No se han definido tarifas máximas para los servicios, por lo que los precios serán determinados por los operadores. Tampoco se especifican criterios detallados sobre la proporción de personal por residente ni procedimientos de apelación en procesos de licenciamiento.

La regulación surge en un contexto demográfico en el que una parte significativa de la población cubana supera los 60 años, lo que incrementa la demanda de servicios de cuidado especializado. Su aplicación práctica permitirá evaluar el alcance de esta medida dentro del sistema de atención social en el país.

Fuente: Directorio Cubano

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