La confrontación entre el Gobierno cubano y la dirigencia del Supremo Consejo del Grado 33 escaló este martes con la citación policial de su soberano gran comendador, José Ramón Viñas Alonso, acusado de un presunto delito de “desobediencia”. El caso se produce en medio de una disputa por la permanencia de Viñas en el cargo, que el Ministerio de Justicia (MINJUS) considera incompatible con el límite estatutario de nueve años, mientras un sector de los masones defiende su autoridad y rechaza lo que considera una injerencia estatal en los asuntos internos de la organización.

José Ramón Viñas Alonso, soberano gran comendador del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba, fue citado este martes a una estación policial de La Habana para responder por un presunto delito de “desobediencia”, en un nuevo episodio de la creciente tensión entre las autoridades cubanas y sectores de la masonería.

La citación, entregada el lunes a su esposa por un agente de la Policía Nacional Revolucionaria, establecía su comparecencia a las 2:00 p.m. en la estación ubicada en Infanta y Manglar, ante un instructor del Departamento de Delitos contra la Seguridad del Estado identificado como capitán Andy.

Hasta el momento, las autoridades no han detallado públicamente cuál es la conducta específica que atribuyen a Viñas. La actuación policial ocurre pocos días después de que funcionarios del Ministerio de Justicia intentaran apartarlo de la dirección del Supremo Consejo.

El MINJUS sostiene que Viñas superó el límite estatutario de nueve años establecido para ejercer el cargo. En una nota publicada el 7 de agosto, el organismo afirmó que una resolución de julio de 2025 dispuso no reconocerlo como soberano gran comendador y que el Tribunal Supremo Popular ratificó posteriormente esa decisión mediante una sentencia firme.

Viñas y sus partidarios rechazan esa interpretación y sostienen que la elección, permanencia y eventual destitución de las autoridades masónicas corresponden a los propios miembros de la fraternidad.

La disputa quedó expuesta públicamente el pasado 7 de agosto, cuando más de un centenar de masones se congregaron para impedir que una funcionaria del MINJUS exigiera la salida de Viñas. Los presentes corearon consignas contra la intervención estatal y defendieron la autonomía de la institución.

El conflicto se suma a otros procesos contra dirigentes masónicos y a años de presiones sobre Viñas, quien permanece bajo reclusión domiciliaria por otro proceso relacionado con un supuesto cambio de 100 dólares en el mercado informal.

La nueva acusación convierte una disputa institucional en un caso penal y aumenta la preocupación entre los masones sobre el futuro de la autonomía de sus organizaciones en Cuba.

Fuentes: Ministerio de Justicia - Cubanet

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