Dos compañías de la Organización Trump fueron declaradas hoy culpables de numerosos delitos criminales de fraude fiscal y falsificación de documentos como parte de un esquema para defraudar al gobierno durante 15 años.

Donald Trump y sus familiares no estaban incluidos en la demanda, pero el jurado del proceso criminal en Manhattan encontró culpables de todos los cargos que enfrentaban a las firmas Trump Corp. y Trump Payroll Corp.

Cuando el Juez dicte sentencia en enero próximo, la Organización Trump pudiera enfrentar una multa aún no cuantificada, además de otras penalidades que afectarían su capacidad para hacer negocios y obtener préstamos en New York. No hay peligro de que la entidad, un emporio de bienes raíces que explota hoteles y propiedades en todo el mundo, sea desmantelada porque la ley estatal no contempla un mecanismo de disolución para casos como este.

En los argumentos finales del proceso, los representantes de la fiscalía argumentaron que el propio Trump aprobó “explícitamente” el fraude fiscal y, por tanto, estaba al tanto del esquema delictivo para engañar por años al gobierno y pagar menos impuestos.

En apariencias, el esquema era bastante obvio: ejecutivos de la Organización Trump reducían habitualmente importantes sumas de sus salarios, que luego les eran devueltas en forma de beneficios complementarios como gastos personales y alquileres de autos de lujo y viviendas, entre otros. De esa forma tanto ellos como las compañías pagaban menos impuestos.

El fiscal estrella de la fiscalía era el ex jefe de finanzas de la Organización Trump, Allen Weisselberg, quien se había declarado culpable de 15 delitos graves por evadir impuestos sobre ingresos de $1.7 millones. A cambio de su cooperación, podría pasar solo cinco meses en la cárcel.

Durante el juicio, Weisselberg testificó que Trump redujo una importante suma de su salario y a cambio pagó por una escuela privada para sus nietos y por el arrendamiento de un apartamento en New York. Según el ex financiero, el propio Trump firmaba los cheques de bonificación tras la reducción del salario de los empleados.

El fallo del jurado ocurre en momentos en que Trump está literalmente cercado por numerosas demandas y procesos legales, tanto en jurisdicción federal como estatal. 

El ex Presidente es blanco de una investigación federal por trasladar a su residencia de Mar A Lago documentos secretos y confidenciales pertenecientes a los archivos del Gobierno. También es sujeto de otras investigaciones por su papel en los esfuerzos para anular los resultados de las pasadas elecciones presidenciales: una a cargo el Comité Selecto de la Cámara de Representantes que investiga la Insurrección del 6 de enero del 2021, y otra en Georgia por intentar cambiar los resultados de los comicios en ese estado.

Por su parte, la fiscal estatal de New York, Letitia James, también presentó una demanda civil por $250 millones contra Trump y sus hijos adultos por presunto fraude durante más de 10 años. James quiere vetar de por vida a los Trump para que no puedan hacer negocios en New York.

Recomendado para ti