La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) y la empresa Energas enfrentan una demanda presentada en un tribunal federal de Estados Unidos que reclama aproximadamente 802,7 millones de dólares por el supuesto uso de activos confiscados por el gobierno cubano tras la nacionalización de la antigua Compañía Cubana de Electricidad en 1960.

La acción judicial fue presentada el 29 de julio ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia bajo el Título III de la Ley Helms-Burton. El caso, denominado Cuban Electric Company v. Unión Eléctrica y Energas, fue asignado al juez federal John D. Bates.

La reclamación es impulsada por Atlas Holdings, una compañía con sede en Connecticut que posee los derechos certificados sobre los activos de la antigua empresa eléctrica. El recurso se fundamenta en una certificación emitida en 1970 por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones en el Extranjero de Estados Unidos (FCSC), que valoró los bienes confiscados en 267,56 millones de dólares y estableció un interés anual del 6% desde agosto de 1960.

De acuerdo con los demandantes, la Compañía Cubana de Electricidad, fundada en 1927 y posteriormente expandida en la isla mediante la adquisición de empresas locales, llegó a generar más del 90% de la electricidad consumida en Cuba. Para 1960 había elevado su capacidad de generación de 161,5 a 430 megavatios y controlaba una extensa infraestructura energética.

La demanda sostiene que buena parte de esos activos forman parte actualmente de la infraestructura administrada por la UNE. Entre las instalaciones mencionadas figuran las centrales termoeléctricas Antonio Maceo, conocida como Renté, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, además de instalaciones energéticas en La Habana y la central hidroeléctrica Guaso.

El reclamo también incluye una extensa red de transmisión y distribución que, según el documento judicial, comprendía unas 6.619 millas de líneas eléctricas y numerosas subestaciones. Los demandantes sostienen que parte de esa infraestructura constituye la base de la actual red eléctrica nacional.

En el caso de Energas, la demanda afirma que la empresa obtiene beneficios mediante instalaciones relacionadas con activos que fueron confiscados y que sus operaciones de generación eléctrica y procesamiento de gas natural dependen, al menos parcialmente, de infraestructura nacionalizada en 1960.

La reclamación también abarca el antiguo Sistema de Gas de La Habana, que incluía plantas de producción, instalaciones de almacenamiento y una red de distribución de más de 230 millas de tuberías. Según los demandantes, parte de esta infraestructura continúa siendo utilizada en la actualidad.

La nacionalización de los activos se produjo el 6 de agosto de 1960, cuando el gobierno encabezado por Fidel Castro confiscó las propiedades de la compañía sin que, según la demanda, se produjera una compensación adecuada.

Atlas Holdings solicita que se reconozca la compensación certificada por la FCSC, junto con los intereses acumulados, daños adicionales contemplados por el Título III de la Ley Helms-Burton, costos judiciales y honorarios legales. La aplicación de las disposiciones correspondientes eleva el reclamo hasta aproximadamente 802,7 millones de dólares.

La Ley Helms-Burton permite demandar ante tribunales estadounidenses a determinadas entidades que se beneficien del tráfico con propiedades confiscadas por el gobierno cubano. Desde que la administración de Donald Trump activó plenamente el Título III en 2019, varias empresas y propietarios han recurrido a los tribunales para reclamar compensaciones por bienes nacionalizados después de la revolución cubana.

El proceso podría convertirse en uno de los litigios más importantes relacionados con propiedades confiscadas en Cuba y poner bajo escrutinio judicial a dos entidades vinculadas al sector energético de la isla.

Fuente: Martí Noticias

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