La administración del presidente Donald Trump continúa endureciendo su política hacia Cuba y anunció nuevas acciones contra empresas extranjeras involucradas en la explotación de propiedades confiscadas por el Gobierno cubano tras la revolución.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que envió una carta de advertencia a una compañía extranjera cuya identidad no fue revelada, al considerar que podría estar vinculada al llamado “tráfico de propiedades confiscadas” en la isla. Según indicó la agencia EFE, los directivos de la empresa podrían enfrentar restricciones migratorias y otras consecuencias contempladas en la legislación estadounidense.

La advertencia fue divulgada a través de la cuenta oficial del Departamento de Estado en la red social X. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró la postura de Washington al señalar que “una visa es un privilegio, no un derecho”, dejando claro que el Gobierno estadounidense está dispuesto a utilizar medidas migratorias como herramienta de presión contra quienes considere beneficiarios de bienes expropiados en Cuba.

La acción forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar las sanciones y restricciones contra entidades y personas relacionadas con actividades económicas que, según Estados Unidos, involucran propiedades confiscadas sin compensación a sus antiguos dueños.

Las nuevas medidas se producen pocos días después de otra decisión relacionada con Cuba. El pasado 11 de junio, el condado de Miami-Dade revocó la licencia comercial de la empresa Vanguard Energy, con sede en el sur de Florida, que pretendía exportar 250.000 barriles de combustible a la isla.

La decisión fue adoptada tras las sanciones anunciadas previamente por el Departamento de Estado contra la empresa estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupet). Como consecuencia, Vanguard Energy perdió el permiso necesario para operar comercialmente en el condado.

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, justificó la medida argumentando que la compañía planeaba realizar envíos de combustible al Gobierno cubano. La revocación de la licencia impide que la empresa continúe desarrollando actividades comerciales bajo esa autorización local.

Washington ha incrementado en las últimas semanas las acciones dirigidas contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel y las entidades vinculadas al Estado cubano. Estas medidas incluyen restricciones de visado para determinados funcionarios, sanciones económicas y la aplicación de normativas relacionadas con reclamaciones sobre propiedades nacionalizadas en Cuba hace más de seis décadas.

La política estadounidense busca aumentar la presión sobre La Habana mediante sanciones financieras, comerciales y migratorias. Mientras tanto, el Gobierno cubano rechaza estas acciones y sostiene que forman parte de una estrategia de hostilidad destinada a afectar la economía de la isla.

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