El gobierno de Estados Unidos convertirá en permanente el programa que exige el pago de una fianza a ciudadanos de 50 países, en su mayoría africanos, como condición para solicitar visas de turismo y negocios, además de elevar el monto máximo del depósito hasta lo 20.000 dólares.

La medida, impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, busca reducir los casos de personas que ingresan legalmente al país con visas temporales y permanecen más allá del tiempo autorizado. Según informó la agencia AP, el Departamento de Estado concluyó que el programa piloto demostró ser eficaz para mejorar el cumplimiento de las condiciones migratorias.

El nuevo reglamento entrará en vigor de forma permanente tras su publicación oficial en el Registro Federal y permitirá incorporar más países al listado en el futuro. Además, elimina el nivel mínimo de fianza de 5.000 dólares y fija depósitos que podrán llegar hasta los 20.000 dólares, dependiendo de la evaluación realizada por el funcionario consular.

La exigencia aplica a quienes soliciten visas B1 y B2, utilizadas para viajes de negocios o turismo. El dinero será reembolsado si la visa es rechazada o, en caso de ser aprobada, cuando el visitante abandone Estados Unidos dentro del período autorizado.

Las autoridades estadounidenses sostienen que el programa ha dado resultados positivos. Datos oficiales indican que, antes de su implementación, decenas de miles de ciudadanos de los países incluidos excedían el tiempo permitido de permanencia. Durante los primeros diez meses de funcionamiento del plan piloto, esa cifra se redujo a menos de 50 casos entre quienes estuvieron sujetos al requisito de la fianza.

El Departamento de Estado también argumenta que localizar, detener y deportar a quienes permanecen ilegalmente tras vencer su visa representa un elevado costo para el gobierno, estimado en unos 18.000 dólares por persona, por lo que considera que el sistema ayuda a disminuir ese gasto.

Sin embargo, la medida ha generado críticas de organizaciones y especialistas en migración, que consideran que el requisito supone una barrera económica para ciudadanos de países con menores ingresos. A su juicio, la obligación de inmovilizar miles de dólares limita la posibilidad de viajar por motivos familiares, académicos o comerciales.

Las cifras oficiales muestran además que el número de personas sujetas al programa fue muy superior al previsto inicialmente y que cerca de la mitad de los solicitantes decidió no pagar la fianza, lo que derivó en una fuerte reducción de las visas de turismo y negocios emitidas a ciudadanos de los países afectados.

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