Parece broma de mal gusto. Cuando los cubanos pueden escoger cada vez menos qué alimento llevar a la mesa, el régimen comunista de La Habana decide publicar su Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Ley SSAN).

La misma fue aprobada en sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba en mayo pasado, pero fue publicada el jueves en la Gaceta Ordinaria como Ley 148/2022. También se emitió el Decreto 67/2022, que presenta el Reglamento con la guía metodológica y cronograma de implementación.

El Título VIII de la ley, se refiere a la educación alimentaria y nutricional y el uso de la comunicación social en tales fines. Define “el conjunto de acciones de información, capacitación, educación y comunicación social que forma parte de un proceso de aprendizaje destinado a modificar o mejorar las prácticas alimentarias de las personas, para optimizar su estado nutricional, de salud y bienestar”.

Según expresa, la educación alimentaria y nutricional tiene, entre sus objetivos, “promover el consumo de una diversidad de alimentos nutritivos, sanos e inocuos; fomentar y ampliar el conocimiento del valor nutricional de los alimentos”.

También “estimular comportamientos, creencias y actitudes saludables respecto a la alimentación”; así como “desarrollar capacidades y motivaciones personales para adoptar prácticas alimentarias sanas que contribuyan a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles” y “favorecer la protección alimentaria de las personas en situación de vulnerabilidad”.

Entretanto, el último inciso del artículo 87.1 propone “desarrollar actividades orientadas a la familia y a la comunidad en general, con énfasis en el logro de patrones de producción, comercialización y consumo saludables de alimentos, para contribuir a la disminución de la malnutrición, ya sea por exceso o defecto, y de las enfermedades crónicas no transmisibles”.

Durante una conferencia de prensa, la directora jurídica del Ministerio de la Agricultura, Mayra Cruz Legón, explicó que, a partir de este momento, comienza un proceso dividido en tres etapas, el cual incluye la divulgación del contenido de la Ley y la capacitación de los actores y organismos involucrados en ella, hasta llegar a su puesta en marcha, prevista para octubre.

Cruz dijo que la ley fue lanzada con vistas a alcanzar la soberanía alimentaria y garantizar el derecho de toda persona a una alimentación sana y adecuada, al tiempo que regula la organización de los sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles para articular la producción, comercialización y consumo de alimentos.

De igual modo, con la nueva ley el gobierno cubano pretende aminorar las pérdidas de alimentos y disminuir importaciones de materias primas e insumos, de acuerdo con un reporte de la oficialista Agencia Cubana de Noticias (ACN).

Los antecedentes de la nueva ley —dijeron— son los artículos 77 y 78 de la Constitución de la República sobre el derecho ciudadano a una alimentación sana, y el Plan de Soberanía y Seguridad Alimentaria junto con las políticas del régimen para el desarrollo territorial presentes en la Agenda 2030.

La publicación de la ley coincide con la peor crisis de alimentos que sufren los cubanos en décadas de revolución castrista. La reducidísima canasta básica a la que pueden acceder hoy los cubanos tampoco permite seleccionar qué consumir, mientras el régimen insiste en culpar al embargo de Washington por la rotunda escasez. 

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