Un escándalo de corrupción sacude a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) de Honduras tras descubrirse que ciudadanos cubanos aparecían en las planillas oficiales como empleados, a pesar de no desempeñar funciones, no presentarse a trabajar e incluso residir fuera del país. La investigación también identificó venezolanos en la misma situación, pero la presencia de cubanos llamó la atención por la magnitud del uso indebido de fondos estatales y por el patrón prolongado de irregularidades laborales.

El ministro de la SIT Aníbal Ehrler explicó que la trama salió a la luz gracias a un censo institucional diseñado para verificar la presencia real del personal en oficinas y obras del país. Desde el inicio de la inspección, se encontraron inconsistencias: nombres que no coincidían con personal real, trabajadores que solo firmaban su ingreso sin cumplir horarios y empleados que cobraban salarios sin residir en Honduras. Ehrler subrayó que estas acciones permitirán recopilar pruebas y sancionar conforme a la ley, además de reorganizar la estructura interna de la institución.

Aunque no se han revelado cifras exactas, montos pagados ni identidades, medios locales como La Tribuna señalaron que algunos cubanos figuraban en planillas sin contratos legales, recibiendo fondos públicos como si fueran personal activo. La SIT, encargada del mantenimiento de más de 2.000 kilómetros de red vial nacional, ha sufrido históricamente problemas de supervisión. La tercerización de servicios y los contratos con empresas privadas dificultaron el control directo sobre la nómina, lo que permitió la permanencia de trabajadores fantasma durante años.

Como respuesta, el ministro ordenó el cierre temporal de oficinas en el barrio La Bolsa, acompañadas de equipos de auditoría y control interno, para verificar la asistencia real del personal. Asimismo, se implementó un nuevo protocolo de registro, que obliga a los empleados a firmar su ingreso diariamente a las 9:00 a.m., impidiendo funciones a quienes lleguen tarde.

Ehrler enfatizó que la SIT necesita empleados técnicos y comprometidos, no personal sin funciones reales. El informe final de la auditoría será remitido al Ministerio Público, que evaluará si las irregularidades constituyen delitos como fraude, abuso de autoridad, malversación o falsificación de documentos.

Este caso pone de relieve la importancia de una supervisión efectiva y controles claros en instituciones públicas, y evidencia cómo la falta de vigilancia puede abrir la puerta a prácticas corruptas que involucran tanto a ciudadanos nacionales como extranjeros en la gestión de fondos estatales.

Fuente: El Heraldo (Honduras)

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