El Gobierno español aprobó la tramitación de una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, una decisión con implicaciones amplias para cientos de miles de personas que viven en situación irregular en el país y que va más allá de lo que han recogido algunas versiones iniciales de la medida.

La iniciativa, pactada entre el Partido Socialista (PSOE) y Podemos, permitirá que migrantes sin papeles que han residido en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan acreditar una estancia continuada de al menos cinco meses obtengan permiso de residencia y trabajo, y se suspendan de forma inmediata los procedimientos de expulsión o devolución en curso.

Más allá de las cifras iniciales que hablaban de medio millón de beneficiarios, un reciente informe del centro de análisis Funcas estima que hasta 840.000 personas podrían residir en España de forma irregular, principalmente procedentes de América Latina y, en menor medida, de África y Asia, lo que sitúa la dimensión del fenómeno en una escala más amplia de la que se ha difundido.

Para acreditar la estancia mínima exigida, el decreto contempla flexibilidad en los documentos aceptables: desde empadronamiento municipal hasta informes médicos, certificados de envío de dinero o contratos de suministro, medidas que buscan facilitar el acceso de quienes llevan años trabajando y aportando al país sin reconocimiento legal.

La decisión de tramitar la medida por real decreto, evitando la convalidación parlamentaria, ha generado un intenso debate político. Sectores de la oposición, incluido el Partido Popular, han calificado la medida de “cortina de humo” y advirtieron que podría sobrecargar servicios públicos y fomentar irregularidad si no se acompaña de una política migratoria más estructurada.

Por su parte, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han aplaudido la medida como una respuesta necesaria a una realidad social prolongada, destacando que permitirá a miles de migrantes salir de la precariedad, acceder a derechos fundamentales y contribuir de forma plena a la economía y la sociedad españolas.

El real decreto se espera que sea aprobado en el Consejo de Ministros, y su tramitación administrativa se extenderá en los próximos meses, con la expectativa de otorgar permisos provisionales que podrán renovarse conforme a la legislación vigente.

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