La reciente publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de la Ley 178/2025, que aprueba el nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado, las familias y los menores de edad. Aunque el discurso oficial insiste en que el principio rector es el “interés superior del niño”, el contenido de la norma revela un mayor protagonismo estatal en decisiones que tradicionalmente han correspondido a los padres o tutores legales.

El Código reafirma que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y que su protección es una responsabilidad compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. Sin embargo, en la práctica, el Estado se reserva amplias facultades para intervenir, supervisar e incluso sustituir la autoridad familiar cuando considere que existen riesgos para el menor, bajo criterios que quedan en manos de las instituciones oficiales.

Uno de los puntos más sensibles es la regulación de la salida de menores del país. La nueva legislación establece que, en caso de emigración de los progenitores, estos deben delegar formalmente el cuidado del menor en otra persona autorizada. Además, el Estado se arroga la potestad de controlar y fiscalizar los traslados internacionales de niños, con el argumento de prevenir secuestros, trata o vulneraciones de derechos. En casos de separación familiar o retención ilícita en el exterior, las autoridades cubanas se reservan el derecho de actuar para la restitución del menor a Cuba.

El Código también establece un sistema de protección interinstitucional que articula los esfuerzos de diversas entidades del Estado y organizaciones sociales para garantizar los derechos de los menores en ámbitos como la educación, la salud, la protección contra la violencia y el abuso, y prohíbe de manera expresa el trabajo infantil.

No obstante, esta narrativa de protección choca con la realidad denunciada por organizaciones de derechos humanos: menores encarcelados o procesados por participar en protestas pacíficas, interrogatorios sin garantías y un sistema judicial que responde a intereses políticos antes que al bienestar infantil.

Así, mientras el gobierno cubano presenta el nuevo Código como un avance en derechos, críticos advierten que se trata también de una herramienta legal que legitima un mayor control estatal sobre la vida familiar, la migración y la crianza, todo bajo un concepto de “interés superior del niño” definido, interpretado y aplicado exclusivamente por el propio poder.

Fuentes: Gaceta Oficial - Periódico Cubano

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