Una filtración de contratos en Cuba expone cómo mipymes privadas que importan combustible desde Estados Unidos operan en coordinación con empresas estatales como Cupet y Cimex, en un esquema donde el Estado mantiene el control de la cadena logística.

Una reciente filtración de contratos comerciales ha revelado detalles sobre la relación entre mipymes privadas cubanas dedicadas a la importación de combustible y entidades estatales como Cuba Petróleo (Cupet) y la corporación Cimex, vinculada al conglomerado militar Gaesa. El material expone un modelo en el que el sector privado no opera de forma independiente, sino dentro de una estructura fuertemente controlada por el Estado.

Según la información divulgada, las mipymes que importan combustible desde Estados Unidos no gestionan de manera directa la distribución del producto en la isla. En cambio, el combustible es introducido y administrado a través de la infraestructura estatal existente, lo que refuerza el papel central del gobierno en toda la cadena de suministro energético.

Uno de los elementos más llamativos del esquema revelado es el costo asociado a la operación. En el caso de los isotanques de aproximadamente 25.000 litros, las mipymes deben pagar al Estado cubano una media de 1.375 dólares por cada unidad gestionada dentro del sistema logístico nacional. Este pago evidencia una relación en la que el acceso al mercado interno depende de la intermediación de entidades estatales.

El modelo descrito refleja una estructura económica híbrida, en la que la apertura a actores privados no implica una liberalización total del mercado, sino una integración condicionada a los mecanismos de control del Estado. En este sentido, las empresas privadas funcionan como importadoras, pero no como gestoras autónomas de la distribución o comercialización final del combustible.

Los documentos filtrados también sugieren que no existe un esquema de control directo por parte de los actores privados sobre la cadena de suministro. Por el contrario, el sistema mantiene una supervisión centralizada que regula tanto la entrada como la circulación del combustible en el país.

Este tipo de acuerdos pone de relieve la complejidad del proceso de apertura económica en Cuba, donde la participación del sector privado convive con estructuras estatales que conservan el control estratégico de sectores clave como la energía.

Hasta el momento, no ha habido una confirmación oficial detallada sobre el contenido de los contratos filtrados, aunque el tema ha generado debate sobre el alcance real de las reformas económicas y el papel de las mipymes en sectores considerados sensibles para la economía nacional.

Periódico Cubano

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