La investigación por el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ha escalado a un nivel internacional que pone en el centro de la polémica al régimen de Nicolás Maduro, en un caso que evidencia hasta dónde pueden llegar las redes de represión más allá de las fronteras de Venezuela.

La Fiscalía de Chile confirmó que ha solicitado cooperación a Estados Unidos para poder interrogar a Maduro, actualmente bajo custodia en ese país, como parte de las diligencias por el secuestro y asesinato de Ojeda, ocurrido en Santiago en febrero de 2024.

El fiscal nacional chileno, Ángel Valencia, sostuvo que esta gestión forma parte de los esfuerzos por esclarecer un crimen que las autoridades consideran de carácter político. La solicitud incluye mecanismos de asistencia judicial con el Departamento de Justicia estadounidense, en un proceso que también contempla la recopilación de pruebas y testimonios clave.

Ojeda, un exteniente venezolano y opositor al chavismo, había recibido asilo político en Chile tras huir de su país. Fue secuestrado por individuos que se hicieron pasar por agentes policiales y su cuerpo apareció días después enterrado bajo cemento, en un hecho que conmocionó a la sociedad chilena.

Las investigaciones apuntan a que el crimen no fue un acto aislado de delincuencia común. Por el contrario, fiscales chilenos han señalado la posible implicación de estructuras vinculadas al poder en Venezuela, incluyendo la utilización de grupos criminales como el Tren de Aragua para ejecutar el asesinato.

Incluso, testimonios y evidencias recogidas durante la investigación han señalado a figuras de alto nivel dentro del chavismo como posibles responsables intelectuales, lo que refuerza la hipótesis de una operación con motivaciones políticas y alcance internacional.

El intento de interrogar a Maduro, sin embargo, no está exento de obstáculos. Las autoridades chilenas reconocen que esta diligencia dependerá de factores complejos, tanto legales como políticos, y de la disposición del propio acusado a colaborar con la justicia.

Fuente: EFE

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