Una admisión inesperada sacude la política migratoria de EE.UU.: el propio gobierno de Donald Trump reconoció ante la justicia que utilizó de forma incorrecta una guía interna del ICE para justificar arrestos de inmigrantes en tribunales, una práctica altamente polémica que podría afectar cientos de casos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, reconoció en un tribunal federal que basó parte de su defensa legal en una interpretación errónea de una guía interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Esta guía había sido utilizada durante meses para justificar los arrestos de inmigrantes en cortes, una práctica que ha generado fuertes críticas por su impacto en el debido proceso.

Según la admisión oficial, el documento citado por el gobierno nunca fue aplicable a este tipo de operativos, lo que debilita significativamente uno de los principales argumentos legales utilizados en litigios en curso. Este reconocimiento llega en una fase avanzada de los procesos judiciales, lo que podría abrir la puerta a revisiones de decisiones previas e incluso a nuevas demandas.

La política de arrestos en tribunales se intensificó en 2025, cuando la administración Trump eliminó restricciones previas y permitió a los agentes de ICE detener a personas que acudían a audiencias obligatorias. Estas detenciones, según el gobierno, buscaban mejorar la eficiencia y seguridad, ya que los migrantes ya estaban identificados y localizados.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y abogados migratorios han denunciado que esta práctica genera un efecto disuasorio: muchos inmigrantes dejan de asistir a sus audiencias por miedo a ser arrestados, lo que socava el sistema judicial. Además, datos recientes muestran que una proporción significativa de los detenidos no tenía antecedentes penales, lo que ha intensificado el debate público sobre el enfoque de estas políticas.

El contexto legal es cada vez más complejo. En varias ciudades, como Chicago, jueces han llegado a prohibir los arrestos de ICE en o cerca de tribunales, argumentando que interfieren con el acceso a la justicia. Asimismo, múltiples demandas colectivas han sido presentadas contra el gobierno federal para frenar estas prácticas, señalando posibles violaciones constitucionales.

A pesar del reconocimiento del error, la administración Trump mantiene que los arrestos en tribunales son legales bajo otras bases jurídicas, por lo que la batalla legal está lejos de terminar. El caso no solo pone en duda la validez de ciertas detenciones pasadas, sino que también reabre el debate sobre los límites del poder migratorio en Estados Unidos y el equilibrio entre control fronterizo y derechos civiles.

Fuentes: Noticias Telemundo

El País (2026)

Associated Press

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