El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró durante el año fiscal 2026 las cifras más elevadas de arrestos y deportaciones desde la creación de la agencia, hace más de dos décadas, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, las autoridades migratorias realizaron más de 491.000 arrestos y deportaron a 483.200 personas, cifras que superan los registros de cualquier año anterior en la historia de la institución.

El número de deportaciones representa un incremento del 9 % respecto al récord anterior, establecido durante el año fiscal 2025, cuando fueron expulsadas 442.640 personas. En comparación con 2024, el aumento alcanza aproximadamente el 78 %.

En cuanto a los arrestos, ICE contabilizó alrededor de 491.000 detenciones, de las cuales 474.850 correspondieron a arrestos administrativos, relacionados con presuntas infracciones de las leyes migratorias y no necesariamente con delitos penales.

El ritmo de las operaciones se intensificó durante los últimos meses del período. En agosto se registraron 50.925 arrestos, la cifra mensual más elevada de la historia de la agencia, mientras que en septiembre se superaron las 48.000 detenciones y las 44.000 deportaciones.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, celebró los resultados y atribuyó los récords a las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.

Según el funcionario, las cifras reflejan el compromiso de la Administración con el cumplimiento de las leyes migratorias y la seguridad nacional.

El balance también supera ampliamente los registros de los tres primeros años fiscales completos de la Administración de Joe Biden. Según los datos difundidos por DHS, las deportaciones de 2026 se aproximaron al total acumulado durante esos tres ejercicios.

Sin embargo, las cifras han generado cuestionamientos sobre el alcance de los operativos y el perfil de las personas detenidas. La información publicada por las autoridades no ofrece un desglose completo de cuántos deportados tenían antecedentes penales o condenas por delitos.

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