Un juez federal anuló las restricciones que varios estados habían comenzado a aplicar para impedir que los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) utilizaran sus ayudas para comprar refrescos, dulces y otros productos con alto contenido de azúcar.

La decisión judicial representa un revés para los esfuerzos impulsados en distintos estados con el objetivo de limitar el acceso a determinados alimentos considerados poco saludables dentro del principal programa de asistencia alimentaria de Estados Unidos.

Actualmente, más de 42 millones de estadounidenses de bajos ingresos reciben beneficios de SNAP, un programa federal que permite adquirir la mayoría de los productos alimenticios, con excepción de bebidas alcohólicas, tabaco y comidas calientes preparadas.

En los últimos años, varios estados obtuvieron autorizaciones para restringir la compra de productos como refrescos, bebidas energéticas, caramelos y golosinas, argumentando que estas medidas contribuirían a combatir la obesidad y otros problemas de salud relacionados con el consumo excesivo de azúcar.

Sin embargo, un grupo de beneficiarios del programa presentó una demanda alegando que las restricciones generaban confusión tanto para los usuarios como para los establecimientos comerciales. Los demandantes también sostuvieron que algunas personas utilizan bebidas azucaradas para manejar determinadas condiciones médicas, por lo que las limitaciones podían tener consecuencias imprevistas.

La jueza federal Amy Berman Jackson falló a favor de los demandantes y concluyó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) excedió sus facultades al autorizar cambios que modificaban la definición de los alimentos permitidos dentro del programa.

Según la magistrada, la agencia no cumplió con los procedimientos legales requeridos para introducir modificaciones de esa magnitud y actuó fuera de los límites establecidos por la legislación federal.

En su resolución, la jueza señaló que la definición de los productos elegibles para SNAP corresponde al Congreso y no puede ser alterada mediante decisiones administrativas sin seguir los mecanismos legales correspondientes.

La sentencia también establece que cualquier modificación de este tipo debe respetar las normas federales y garantizar la participación pública en el proceso regulatorio.

La decisión fue celebrada por organizaciones defensoras de los beneficiarios del programa, que argumentaron que las restricciones habrían complicado el funcionamiento de SNAP y creado incertidumbre para millones de familias.

Con este fallo, los beneficiarios en los estados afectados podrán continuar utilizando sus ayudas alimentarias para comprar refrescos, dulces y otros productos que las autoridades estatales pretendían excluir de la lista de alimentos autorizados.

Fuente: El Diario

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