El gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, volvió a referirse al vínculo del régimen con los cubanos residentes en el extranjero, a quienes definió como una “parte activa de la nación” con derecho a participar en el desarrollo económico y social del país.

Durante sus declaraciones, el mandatario aseguró que su gobierno tiene la responsabilidad de “acogerlos, escucharlos y atenderlos”, así como de propiciar espacios para que puedan participar en iniciativas relacionadas con el desarrollo de la Isla.

“Muchos de ellos son profesionales o técnicos, componente fundamental de la fuerza de trabajo calificada que ha formado la Revolución con nuestro sistema educacional”, afirmó Díaz-Canel, al tiempo que destacó que gran parte de la diáspora mantiene —según su visión— un fuerte vínculo cultural e identitario con Cuba.

El gobernante también sostuvo que el acercamiento a los emigrados no constituye una política nueva, sino que forma parte de la historia de la llamada Revolución. En ese sentido, aseguró que los principales dirigentes del país suelen reunirse con cubanos residentes en el exterior durante sus viajes internacionales para escuchar sus inquietudes y propuestas.

De acuerdo con Díaz-Canel, este proceso de acercamiento ha incluido encuentros organizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, en los que participaron cubanos residentes en distintos países. Entre esos espacios mencionó eventos académicos y sectoriales realizados en la Isla, como encuentros con pedagogos emigrados.

Según el gobernante, ese diálogo ha dado lugar a la creación de una nueva plataforma de atención dirigida a la diáspora cubana.

Díaz-Canel aseguró que las medidas que serán anunciadas próximamente permitirán resolver “casi en su totalidad” las inquietudes planteadas por los cubanos en el exterior y facilitarán su participación en el programa de desarrollo económico del país.

Sin embargo, el discurso contrasta con la realidad que denuncian numerosos emigrados y organizaciones de la sociedad civil, que critican las restricciones impuestas por el régimen a los propios cubanos dentro de la Isla, incluyendo limitaciones a la libertad política, la inversión privada y el ejercicio de derechos fundamentales.

El gobernante adelantó que los detalles de estas nuevas disposiciones serán presentados en una próxima comparecencia pública por el vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga.

Las declaraciones llegan en medio de una profunda crisis económica en Cuba, marcada por escasez de alimentos, apagones prolongados y una migración masiva que ha llevado a millones de cubanos a abandonar el país en los últimos años.

Fuente: Granma

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