El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó los actos de violencia registrados durante las protestas multitudinarias que sacudieron Francia y advirtió que los responsables de los saqueos y destrozos deberán responder ante la justicia, en medio de una creciente crisis social por el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Durante un mensaje televisado este domingo, el mandatario calificó de inaceptables las escenas de vandalismo y expresó su indignación por los ataques contra comercios y edificios públicos. También ordenó revisar si hubo fallos en la recopilación de información de inteligencia o en la preparación policial para hacer frente a los disturbios.

Según informó la agencia EFE, las autoridades habían contabilizado provisionalmente unas 2.000 detenciones vinculadas con los episodios violentos, mientras que alrededor de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos.

Las movilizaciones del sábado reunieron a cientos de miles de personas en distintos puntos del país. Aunque numerosas marchas transcurrieron de forma pacífica, en varias ciudades se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del orden, incendios y saqueos de establecimientos comerciales.

Uno de los incidentes más graves ocurrió en Limoges, donde un incendio dejó prácticamente destruido el ayuntamiento, un edificio histórico. También se reportaron daños en negocios y espacios públicos de ciudades como París, Lyon y Marsella.

La Federación del Comercio y de la Distribución advirtió que las pérdidas podrían alcanzar cientos de millones de euros y estimó que unos 1.500 establecimientos fueron vandalizados.

Las cifras de participación varían según las fuentes. El Ministerio del Interior calculó que unas 550.000 personas salieron a las calles en todo el país, mientras que los organizadores elevaron la asistencia a más de 800.000.

El presidente anunció que el Gobierno reunirá a estudiantes, docentes, representantes sindicales, legisladores y empresarios para elaborar propuestas concretas frente a las demandas sociales. También planteó que las autoridades locales puedan prohibir determinadas concentraciones cuando consideren que existe un riesgo para la seguridad.

Las protestas, impulsadas por el descontento con el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos, representan un nuevo desafío para Macron, cuyo mandato concluirá en 2027.

La crisis también aumenta la presión sobre el primer ministro, Sébastien Lecornu, que convocó una reunión interministerial para evaluar las consecuencias de los disturbios y las medidas que se adoptarán.

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