No hay esperanza a la vista frente la crisis de los seguros en la Florida. Algunos ya comparan la situación con un Titanic dirigiéndose hacia una cordillera de icebergs, sin que nadie haga algo efectivo para corregir el rumbo y evitar la catástrofe final. 

Solo en los últimos dos años el estado asistió inerte a la desaparición de 34 compañías aseguradoras: 14 se fueron a la quiebra, otras 14 dejaron de ofrecer pólizas de propiedades y seis cerraron las puertas y se largaron. Ahora quedan de ocho a diez aseguradoras activas, más Citizens, que de opción de último recurso se ha convertido en el bote salvavidas de casi un millón de propietarios.

Entre los huracanes y los precios disparatados, el impacto lo sufren directamente los clientes. Este año el huracán Ian dejó pérdidas estimadas en $65 mil millones de dólares, únicamente superado por Katrina en el 2005. Y quienes que no fueron afectados directamente por los vientos catastróficos y la inundación diluviana del ciclón, ahora están sufriendo el impacto financiero en sus bolsillos: el costo de las pólizas en Florida ha subido unos $4200 anuales, una suma tres veces más alta que el promedio nacional.

Incluso antes de Ian, ya se esperaba que las aseguradoras privadas elevaran entre 20% y 40% sus primas. Citizens, la asegurada estatal de emergencia, tenía previsto elevar su tarifa al máximo permitido, un 7.8% anual, según había asegurado su Presidente, Barry Gilway, al programa Facing South Florida.

La raíz del problema, según la opinión generalizada, no son sólo los destructivos vientos huracanados en aumento asociados al cambio climático. La otra variable de la ecuación la constituyen las demandas excesivas contra las compañías si un reclamo es denegado o cuando la parte afectada, y sus abogados, quiere más dinero. Es decir, una epidemia de juicios y litigaciones.

Las cifras parecen respaldar el dictamen: Florida apenas registra el 8% de los reclamos por daños, pero representa casi el 80% de las demandas subsiguientes contra las compañías de seguros.

“Tenemos bastantes casos en los que los abogados están sacando más de 100 mil dólares y el propietario está sacando 10 o 20 mil dólares de una resolución. Entonces ese estatuto está alimentando este problema de litigación aquí en la Florida”, explica el representante estatal republicano Tomo Fabricio, citado por Univisión 23. Fabricio quiere regular los honorarios de los abogados.

Pero ni la Gobernación ni la Legislatura estatal, ambas bajo control republicano, han sido muy efectivas en desactivar lo que, más que una crisis, semeja ya una bomba de tiempo. Se la han pasado de sesión especial en sesión especial sin una sola medida efectiva que haya logrado frenar el éxodo de las aseguradoras y aliviar la pesada carga para los propietarios.

Ahora el Gobernador Ron Desantis ha anunciado una nueva sesión extraordinaria en Tallahassee a mediados de este mes para debatir el asunto. Ojalá no sea demasiado poco y muy tarde.

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