El propio periódico oficialista Girón ha reconocido lo que millones de cubanos enfrentan a diario: el proceso de bancarización impulsado por el régimen se ha convertido en un verdadero calvario para la población.

Según el medio estatal, la implementación de pagos electrónicos en la isla está lejos de funcionar como fue concebida. Aunque las normativas obligan a los negocios a aceptar transferencias y limitan el uso de efectivo, la realidad es muy distinta en las calles.

Frases como “no aceptamos transferencias” se han vuelto habituales en comercios de todo el país. En muchos casos, los establecimientos rechazan pagos digitales o imponen recargos de hasta un 20% si el cliente insiste en utilizar esta modalidad, lo que contradice abiertamente las regulaciones oficiales.

Las resoluciones del Banco Central de Cuba y del Ministerio de Comercio Interior establecen que todos los actores económicos deben contar con medios de pago electrónicos. Sin embargo, su incumplimiento es generalizado. Los códigos QR, cuando existen, a menudo “no funcionan” o simplemente desaparecen de los mostradores.

Mientras tanto, los ciudadanos continúan enfrentando largas colas en los bancos para obtener efectivo, en un sistema que, en teoría, busca precisamente reducir esa dependencia del dinero físico.

Detrás de este fracaso hay problemas estructurales que el propio sistema no logra resolver. Muchos comerciantes alegan que sus proveedores solo aceptan efectivo, lo que les impide operar completamente de forma digital. A esto se suma la incapacidad del sistema bancario para garantizar liquidez, dejando a los negocios sin acceso al dinero necesario para reabastecerse.

El resultado es una economía fragmentada, donde el dinero electrónico se queda atrapado en las cuentas bancarias sin poder circular con normalidad. A esto se añaden los apagones, que interrumpen las operaciones, y fallas tecnológicas que dificultan aún más los pagos digitales.

El panorama también evidencia prácticas ilegales extendidas, como el uso de cuentas personales para cobrar mediante transferencias, lo que facilita la evasión fiscal y limita el control estatal. Además, muchos comercios imponen condiciones arbitrarias para aceptar pagos electrónicos o directamente los rechazan sin consecuencias visibles.

Aunque existen sanciones legales para quienes incumplen estas normas, la percepción general es de impunidad. Las multas y cierres de negocios no han logrado corregir un problema que parece profundamente arraigado en la crisis económica del país.

Incluso el propio gobernante Miguel Díaz-Canel ha reconocido la necesidad de corregir “distorsiones” en este proceso, sin que hasta ahora se hayan visto resultados concretos.

Fuente: Periódico Girón

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