La decisión de varias cadenas hoteleras internacionales de reducir o poner fin a parte de sus operaciones en Cuba podría abrir un nuevo frente legal con las autoridades de la isla, en un contexto marcado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y el deterioro de las condiciones económicas del sector turístico.

Entre las empresas que han modificado su presencia en el país destacan las españolas Meliá e Iberostar, que dejaron de administrar varios hoteles vinculados a entidades controladas por el conglomerado militar GAESA. No obstante, ambas compañías mantienen operaciones en otros establecimientos pertenecientes a organismos turísticos estatales ajenos a ese grupo empresarial.

Expertos en derecho mercantil consideran que la salida de estas compañías podría derivar en reclamaciones por parte del Estado cubano. La mayoría de los hoteles operan mediante empresas mixtas o acuerdos de asociación entre entidades gubernamentales y operadores extranjeros, por lo que cualquier desvinculación anticipada podría generar disputas sobre el cumplimiento de los contratos.

Según analistas consultados por medios especializados, las autoridades cubanas podrían argumentar que las sanciones de Washington no constituyen por sí solas una causa suficiente para rescindir acuerdos vigentes, especialmente porque las restricciones estadounidenses sobre Cuba llevan décadas en vigor. En consecuencia, las empresas tendrían que justificar que existen circunstancias excepcionales que han alterado de forma sustancial la viabilidad económica de sus operaciones.

En ese escenario, las cadenas hoteleras podrían fundamentar su defensa en factores como la caída sostenida del turismo, los problemas de abastecimiento, los frecuentes apagones, las dificultades de conectividad aérea y el deterioro general de los servicios. Todos estos elementos han impactado negativamente en la capacidad de mantener estándares internacionales de calidad y rentabilidad.

Argumentos similares fueron utilizados recientemente por otras compañías extranjeras que decidieron reducir su presencia en la isla. Algunas señalaron que la disminución de vuelos procedentes de mercados emisores clave y el empeoramiento de las condiciones operativas hacían inviable continuar desarrollando sus actividades bajo las mismas condiciones.

Mientras tanto, las empresas afectadas también siguen atentas a las consecuencias derivadas de la aplicación de la Ley Helms-Burton de Estados Unidos, que permite a ciudadanos estadounidenses reclamar ante tribunales de ese país por propiedades nacionalizadas tras la Revolución cubana. Desde la activación del Título III de esa legislación en 2019, numerosas demandas han sido presentadas contra compañías con intereses en Cuba.

Frente a este panorama, las empresas europeas cuentan con el llamado “estatuto de bloqueo” de la Unión Europea, una normativa diseñada para contrarrestar los efectos extraterritoriales de determinadas sanciones estadounidenses. Este mecanismo ofrece herramientas legales para reclamar compensaciones en caso de que una compañía resulte perjudicada por la aplicación de esas medidas.

Fuente: El País

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