Un cubano de 64 años residente permanente en Estados Unidos figura entre las 16 personas acusadas de delitos electorales en distintos puntos del país, según anunció este lunes el Departamento de Justicia estadounidense.

El hombre, identificado como Andrés García, enfrenta dos cargos por presuntamente votar de manera ilegal en elecciones federales celebradas en noviembre de 2022 y noviembre de 2024, pese a no ser ciudadano estadounidense.

De acuerdo con la información divulgada por el Departamento de Justicia, Garcia habría afirmado ser ciudadano estadounidense al registrarse para votar en 2004 y nuevamente en 2013, aunque supuestamente sabía que no cumplía ese requisito legal.

Las autoridades sostienen que el cubano habría participado durante aproximadamente dos décadas en al menos 15 elecciones, incluidas 13 contiendas federales. El caso está siendo procesado en el Distrito Oeste de Misuri.

Garcia nació en Cuba, hijo de padres cubanos, y emigró a Estados Unidos durante su infancia. En 2009 obtuvo la residencia permanente legal, según los documentos oficiales.

La legislación estadounidense prohíbe a los residentes permanentes que no han adquirido la ciudadanía votar en elecciones federales. En Misuri también existen restricciones para participar en comicios estatales y locales.

El caso del cubano forma parte de una investigación más amplia que involucra a 16 personas acusadas de distintas irregularidades electorales. Los señalamientos incluyen votar sin tener la ciudadanía, registrarse fraudulentamente, emitir votos en más de una ocasión y presentar declaraciones falsas relacionadas con procesos electorales o de naturalización.

Entre los casos anunciados figura el de un hombre acusado de intentar presentar la boleta de voto por correo de su esposa fallecida durante las elecciones generales de 2024. También se investigan presuntas votaciones ilegales en varios estados, entre ellos Alabama, Ohio, Hawái y Kentucky.

El Departamento de Justicia sostiene que estas actuaciones buscan hacer cumplir las leyes electorales y proteger la integridad del proceso democrático.

No obstante, las acusaciones presentadas ante los tribunales no constituyen una declaración de culpabilidad. Todos los acusados mantienen la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario en un proceso judicial.

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