Un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha vuelto a colocar bajo escrutinio internacional el sistema de misiones médicas del gobierno cubano, una de las principales herramientas de su política exterior durante décadas. El documento recoge testimonios que describen violaciones de derechos laborales y condiciones de trabajo restrictivas para el personal sanitario desplegado en distintos países.

El informe, elaborado a partir de entrevistas a 71 profesionales de la salud de más de 10 países, se centra especialmente en experiencias registradas en Venezuela, donde fueron entrevistados 50 de los participantes. Según la CIDH, aunque estas misiones han contribuido históricamente a ampliar la cobertura sanitaria en regiones vulnerables de América Latina, también habrían estado marcadas por prácticas que generan preocupación en materia de derechos humanos.

Entre los señalamientos más relevantes figuran condiciones laborales que los entrevistados describen como coercitivas. Los testimonios incluyen largas jornadas, falta de información clara sobre contratos y salarios, así como restricciones en la movilidad y en la vida personal de los trabajadores.

Uno de los relatos recogidos describe que los profesionales recibían una remuneración mínima de apenas unos pocos dólares al mes, insuficiente para cubrir necesidades básicas. Otro testimonio citado en el informe relata situaciones de precariedad extrema durante su estancia en misión, donde incluso dependían de la ayuda de terceros para acceder a alimentos.

La CIDH también señala que en muchos casos una parte significativa del salario era retenida por el Estado cubano hasta el regreso del trabajador a la isla, lo que podía demorar varios años. Según los testimonios, esta práctica funcionaría como un mecanismo de control contractual, ya que el incumplimiento de las condiciones de la misión implicaría la pérdida de esos ingresos.

El informe recoge además denuncias sobre restricciones a la libertad personal, incluyendo vigilancia constante, limitaciones para establecer relaciones afectivas y controles sobre la vida privada de los profesionales en los países de destino. En algunos casos, incluso se requeriría autorización para mantener relaciones personales o formalizar matrimonios.

Otro de los elementos señalados es la participación de los trabajadores en actividades vinculadas a las políticas del gobierno venezolano durante la gestión de Nicolás Maduro, bajo advertencias de posibles sanciones o restricciones a su regreso a Cuba.

Asimismo, varios testimonios afirman que los pasaportes de los profesionales eran retenidos por autoridades vinculadas a las misiones al llegar al país anfitrión, lo que limitaba su capacidad de movimiento y, según el informe, reforzaba la dependencia institucional del programa.

Por razones de seguridad, todos los testimonios fueron recogidos de forma anónima, debido al temor de posibles represalias contra los trabajadores o sus familias en Cuba.

El gobierno cubano ha rechazado de forma reiterada este tipo de acusaciones en el pasado, defendiendo el carácter solidario de sus brigadas médicas internacionales. Hasta el momento, la CIDH no ha recibido una respuesta oficial reciente a los hallazgos incluidos en este informe.

Fuente: CNN

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