Las autoridades federales de Estados Unidos anunciaron una operación nacional contra el fraude en programas de asistencia alimentaria que permitió identificar pérdidas potenciales de casi 42 millones de dólares relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como food stamps.

La investigación fue desarrollada por la División Nacional de Lucha contra el Fraude del Departamento de Justicia, el Departamento de Agricultura (USDA) y la Oficina del Inspector General de esa agencia. Según el comunicado oficial, difundido el 21 de octubre, las actuaciones se dirigieron contra más de 40 personas sospechosas de participar en diferentes esquemas fraudulentos.

En conjunto, los casos investigados contemplan pérdidas potenciales cercanas a los 45 millones de dólares para el Gobierno federal, incluidos los casi 42 millones vinculados al SNAP y otro caso relacionado con un programa de seguros agrícolas.

Uno de los mayores expedientes corresponde a Jorag Yaseen y Rami Kanaan, acusados de operar establecimientos de alimentos en Chicago y utilizar información robada de tarjetas electrónicas de beneficiarios de Ohio y otros estados para procesar transacciones fraudulentas. Los fiscales estiman que el supuesto esquema provocó pérdidas de aproximadamente 29,7 millones de dólares. Según la acusación, las operaciones simulaban compras legítimas de alimentos que en realidad no se habían producido.

Otro caso involucra a Mercedes New, conocido como Shawty Dred, un rapero e influencer acusado de fraude con cupones de alimentos, fraude postal, uso fraudulento de dispositivos de acceso y robo agravado de identidad. Los investigadores vincularon su número telefónico con más de 9.000 llamadas al sistema automatizado de consulta de cuentas SNAP, relacionadas con más de 350 cuentas. La investigación identificó más de 500 tarjetas asociadas al caso y estimó el fraude en 4,4 millones de dólares.

Las autoridades también destacaron investigaciones sobre redes que utilizaban tarjetas robadas para adquirir grandes cantidades de fórmula infantil y otros productos alimenticios, que posteriormente eran revendidos en el mercado negro. Miles de familias de bajos ingresos habrían sufrido las consecuencias al descubrir que sus beneficios habían sido sustraídos.

La operación contó con la participación de 13 fiscalías federales, la Fiscalía General de Utah y diversas agencias policiales estatales y federales.

El Departamento de Justicia advirtió que el fraude perjudica tanto a los contribuyentes como a las familias que dependen de esta asistencia para comprar alimentos.

Las autoridades precisaron que las acusaciones penales no equivalen a una condena y que los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

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