El proceso judicial contra Alejandro Gil Fernández, exviceprimer ministro y exministro de Economía de Cuba, concluyó en La Habana tras tres días de vistas orales en el Tribunal Supremo Popular (TSP), un juicio rodeado de secretismo y presentado por las autoridades como un asunto de “Seguridad Nacional”. Según confirmaron fuentes cercanas al caso a la agencia EFE, solo pudieron asistir las partes y personas autorizadas por el tribunal, sin acceso público ni presencia de prensa independiente.
El TSP no precisó si el juicio quedó listo para sentencia, lo que mantiene la incertidumbre en torno al caso más complejo y de mayor perfil político en la Cuba reciente. La Fiscalía General de la República ha imputado a Gil no solo el delito de espionaje, sino otros diez cargos que serán juzgados en un proceso separado, aparentemente junto a otros implicados cuya identidad no ha sido divulgada.
Alejandro Gil fue destituido en febrero de 2024 tras años de ocupar puestos clave dentro del aparato económico del país, y ser considerado una de las figuras más cercanas al presidente Miguel Díaz-Canel. En un inicio, su salida fue presentada como resultado de fallos técnicos en la implementación de políticas económicas en un momento de profunda crisis.
Sin embargo, un mes después Díaz-Canel emitió un inusual comunicado admitiendo que Gil estaba bajo investigación por “graves errores” vinculados a corrupción, y que el exministro había reconocido “serias imputaciones”. Desde entonces, permaneció en prisión provisional.
En octubre, más de un año y medio después de aquel anuncio, la Fiscalía reveló una lista de once delitos, entre ellos espionaje, un cargo inesperado que elevó la dimensión política del caso y abrió numerosas interrogantes sobre tensiones internas dentro del gobierno.
Además del cargo de espionaje, Gil fue imputado por malversación, evasión fiscal, falsificación documental, tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, actos en perjuicio de la actividad económica y violaciones relacionadas con documentos clasificados, entre otros.
Se trata de la imputación más severa contra un funcionario de alto rango desde los casos de corrupción de inicios de los años 2000. Gil, además de ministro, era miembro del Comité Central del Partido Comunista.
Gil estuvo al frente de algunas de las medidas económicas más controvertidas de los últimos años, entre ellas la fallida Tarea Ordenamiento, que eliminó la doble moneda pero desencadenó inflación, desabastecimiento y una pérdida masiva de poder adquisitivo.
También lideró la subida de combustibles —con incrementos de hasta 400 %— y la apertura parcial a las micro, pequeñas y medianas empresas privadas (Mipymes), un cambio significativo tras más de 50 años de prohibiciones.
El hermetismo del juicio, la amplitud de los cargos y el hecho de que Gil perteneciera al círculo más cercano del gobierno han alimentado especulaciones sobre posibles pugnas internas, fracturas dentro del poder o intentos del régimen por responsabilizar a un individuo de políticas que fracasaron de manera sistémica.
Por ahora, la isla espera un veredicto que podría redefinir la narrativa oficial sobre la crisis económica y la reconfiguración interna del poder en Cuba.
Fuente: EFE