El municipio de Contramaestre, en Santiago de Cuba, enfrenta una crisis sin precedentes en los servicios funerarios, dejando a las familias en una situación de desesperación e indignación. Según denunció la activista cubana Irma Broek, actualmente no existe ningún carro fúnebre operativo en el territorio, obligando a los residentes a buscar alternativas improvisadas para trasladar los ataúdes de sus seres queridos o incluso cargarlos ellos mismos.
Broek calificó esta situación como un “abandono criminal”, que refleja el colapso total de los servicios públicos en el municipio. Señaló que, mientras las familias lidian con el dolor de la pérdida, las autoridades locales permanecen en silencio.
El Primer Secretario del Partido en Contramaestre, máximo responsable político de la región, no ha ofrecido explicaciones, soluciones ni disculpas ante esta grave deficiencia, dejando que los ciudadanos carguen literalmente con sus muertos.
La activista exigió respuestas inmediatas por parte del Gobierno municipal y provincial, incluyendo la restitución urgente del servicio fúnebre con vehículos en condiciones, una explicación transparente de cómo se llegó a esta situación y la asunción de responsabilidades políticas de quienes permitieron este nivel de desidia. “El pueblo de Contramaestre no merece morir y seguir siendo humillado después de muerto”, afirmó Broek, subrayando que esta negligencia afecta la dignidad de los vivos y de los fallecidos.
La denuncia se difundió ampliamente en redes sociales, donde Broek hizo un llamado a la comunidad a compartir masivamente la información para evitar que esta crisis quede en el silencio. La activista enfatizó que este problema no es un inconveniente menor ni un fallo técnico aislado, sino un reflejo de un sistema que ha abandonado incluso los servicios más básicos, como el derecho a un entierro digno.
En medio de la indignación, los habitantes de Contramaestre esperan que las autoridades actúen de manera inmediata y restauren la dignidad y el respeto hacia los ciudadanos, cumpliendo con un servicio que debería ser esencial y garantizado por el Estado.
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