La crisis energética en Cuba ha obligado a las autoridades a rediseñar todo el sistema educativo, desde la flexibilización en escuelas por falta de electricidad y agua, hasta cambios estructurales en universidades, incluyendo nuevas formas de evaluación y el aplazamiento de exámenes de ingreso.
La profunda crisis energética que atraviesa Cuba ha impactado de forma directa al sistema educativo en todos sus niveles, obligando a las autoridades a implementar medidas excepcionales para garantizar la continuidad del curso escolar y universitario. Tanto el Ministerio de Educación de Cuba como el Ministerio de Educación Superior de Cuba han adoptado decisiones que reflejan un escenario de contingencia prolongada.
En la enseñanza general, los constantes apagones han llevado a flexibilizar normas básicas como el uso del uniforme escolar, permitiendo a los estudiantes asistir a clases sin esta exigencia. La medida responde a dificultades cotidianas en los hogares, donde la falta de electricidad impide lavar, secar o planchar la ropa, agravada además por fallas en el suministro de agua. Las escuelas también han recibido autorización para ajustar horarios y suspender sesiones vespertinas si no existen condiciones mínimas, como alimentación o transporte.
En paralelo, la educación superior enfrenta desafíos aún más complejos. Según informó el ministro Walter Baluja García en el programa Mesa Redonda, el país sufre un desabastecimiento agudo de combustible que, junto a los apagones, limita seriamente el funcionamiento académico. Ante este contexto, el Ministerio de Educación Superior de Cuba ha establecido nuevas directrices para sostener el curso 2025-2026.
Entre las principales medidas destacan modificaciones en los métodos de enseñanza, con mayor énfasis en el estudio independiente, así como la reducción de evaluaciones tradicionales. Se priorizan alternativas como proyectos, portafolios y estudios de caso, mientras se autoriza la reorganización de asignaturas y contenidos según las condiciones de cada institución.
Además, se confirmó el aplazamiento de los exámenes de ingreso a la universidad para junio, en fechas específicas (5, 9 y 12), con el objetivo de garantizar su realización bajo condiciones más favorables. Las autoridades insisten en mantener la transparencia del proceso, aunque reconocen limitaciones logísticas y tecnológicas, especialmente por la baja conectividad en el país.
Las universidades también promoverán la vinculación de estudiantes con actividades laborales y sociales en sus territorios, así como modalidades híbridas de culminación de estudios, que podrán ser presenciales o virtuales según cada caso.
Este conjunto de medidas evidencia un sistema educativo que intenta adaptarse a una crisis estructural, donde la normalidad depende cada vez más de factores externos como la disponibilidad de energía, transporte y recursos básicos.
Declaraciones del ministro Walter Baluja García en Mesa Redonda
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