Cuba vuelve a situarse en el centro del debate internacional como refugio para criminales vinculados a movimientos de extrema izquierda. Desde mediados de los años 80, la isla ha recibido a miembros de la organización terrorista ETA, facilitando su asentamiento y evitando su extradición a España y otros países europeos.
Entre ellos se encuentran figuras como Josu Abrisketa, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta, acusados de secuestros, asesinatos y atentados, quienes encontraron en La Habana vivienda, discreción y la posibilidad de rehacer su vida lejos de los tribunales.
Expertos consultados por medios especializados como El Mundo y el Center for a Free Cuba señalan que la política de acogida de Cuba ha estado motivada por afinidades ideológicas con la extrema izquierda, reforzando alianzas y generando influencia sobre movimientos radicales en Europa y América Latina.
La protección a estos individuos ha ofrecido beneficios estratégicos y políticos al régimen, consolidando una red de apoyo que, según activistas y analistas, incluso tuvo ramificaciones económicas mediante negocios y empresas vinculadas a los refugiados.
En este contexto, el caso reciente de Martiño Ramos Soto reactiva la atención sobre esta práctica histórica. Ramos Soto, exprofesor y expolítico español condenado por abusos sexuales a una menor, llegó a Cuba en 2025 tras huir de España para evadir su condena. Instalado en La Habana bajo un perfil discreto y participando en actividades artísticas, su presencia pasó desapercibida hasta que se reveló públicamente.
Analistas destacan que su llegada se facilitó probablemente a través de redes de solidaridad y contactos internacionales vinculados al régimen, continuando un patrón que se remonta décadas atrás.
Activistas de derechos humanos, como Rosa María Payá y Alejandro González Raga, han subrayado que la Isla sigue ofreciendo condiciones de impunidad para ciertos delincuentes, gracias a la falta de tratados de extradición, la permisividad interna y la vigilancia selectiva sobre los refugiados.
Martiño Ramos Soto se convierte así en el último caso visible de un fenómeno que ha marcado la política cubana de acogida a criminales de extrema izquierda, y que sigue generando preocupación dentro y fuera de Cuba sobre los riesgos de este tipo de protección.
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