El Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de su Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, condenó los nuevos ataques del régimen cubano contra la prensa independiente, vinculándolos directamente a un intento de desviar la atención de la profunda crisis económica que atraviesa la Isla. La declaración llega en medio de la más reciente ofensiva oficial contra el medio digital elToque.
“Rechazamos los continuos ataques del régimen cubano contra los periodistas independientes”, expresó la institución en la red social X. En el mismo mensaje, Washington aseguró que “la dictadura solo busca distraer de su incompetencia, mala gestión económica, fracasadas políticas comunistas, corrupción y represión”.
El Buró agregó que, “a diferencia del régimen, Estados Unidos apoya al pueblo cubano y su derecho a recibir información sin censura”. Aunque la publicación no mencionó explícitamente a elToque, la conexión era evidente: el comentario fue emitido tras una campaña de criminalización lanzada por el gobierno cubano, que acusa al medio de “tráfico de divisas”, “evasión fiscal” y de formar parte de un presunto “programa integral de guerra económica” financiado por EE. UU., según el espacio oficialista Razones de Cuba.
El régimen ha llegado a tildar al medio de “terrorismo económico”, alegando que manipula la tasa informal de cambio para “fomentar disturbios”. El director de elToque, José Jasán Nieves, ha reconocido que el proyecto recibe fondos de donantes privados y del Departamento de Estado, destinados —según explicó— a “promover el acceso a la información en Cuba” y a apoyar programas de diplomacia pública de la Embajada de EE. UU. en La Habana. Sin embargo, enfatizó que “ninguna de esas relaciones influye en nuestra línea editorial”.
En declaraciones a EFE, Nieves rechazó todas las acusaciones: “no existe tal cosa como ‘terrorismo económico’ ni somos mercenarios al servicio de nadie”. Negó además cualquier participación en tráfico de divisas o evasión fiscal y calificó los señalamientos como una estrategia para desviar la atención en un momento en que el propio gobierno admite que no puede implementar la prometida tasa de cambio flotante. “Están desesperados por conseguir un nuevo chivo expiatorio”, afirmó, señalando al régimen por intentar ocultar “su estrepitoso fracaso y la crisis en la que tienen sumido al país”.
La ofensiva contra elToque se ha desplegado en varios frentes. El Banco Central de Cuba (BCC) emitió un comunicado asegurando que el medio “forma parte de la agresión económica” y que su tasa informal carece de “legitimidad económica”. A su vez, Granma y Cubadebate replicaron el discurso estatal con titulares como “elToque actúa en contra del bienestar del pueblo de Cuba” y “del terrorismo económico al tráfico de divisas”.
En respuesta, Jasán Nieves denunció en Facebook que los materiales mostrados por la televisión estatal incluyen “declaraciones” obtenidas bajo “tortura psicológica” en sesiones de más de ocho horas en Villa Marista, la sede de la Seguridad del Estado, hace un año. Aseguró que estos fragmentos fueron “editados y sacados de contexto” para justificar un caso penal contra integrantes del proyecto, una investigación que —según él— se arrastra desde 2024.
La embestida se produce en un contexto de creciente hostilidad contra la prensa independiente, agravada desde la entrada en vigor, en octubre de 2024, de la Ley de Comunicación Social, una normativa que, según un informe de LatAm Journalism Review, ha desatado “una ola de represión” contra periodistas no vinculados a los medios oficiales. Los reporteros denuncian interrogatorios, amenazas, censura y acusaciones de “mercenarismo”.
El director del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), Normando Hernández, afirmó a esa publicación que “el régimen cubano, sin demora, ha desatado una nueva ola de represión, que puede calificarse de terrorismo de Estado”, cuyo objetivo sería “infundir terror” y obligar a los periodistas a abandonar su labor informativa.
Con esta ofensiva política y mediática, el Gobierno de Cuba refuerza un patrón de criminalización sistemática de voces críticas, mientras enfrenta su propia incapacidad para gestionar una crisis económica sin precedentes.