Aunque el Gobierno cubano no ha anunciado oficialmente el levantamiento de la prohibición para que mipymes importen combustible, en la práctica ya existen empresas autorizadas para hacerlo. Sin embargo, según reveló el medio independiente CubaNet, el proceso ha favorecido principalmente a entidades conectadas con el poder político y militar, en especial al conglomerado GAESA y a negocios asociados a la familia Castro.
De acuerdo con fuentes de los ministerios de Economía y Planificación (MEP) y de Finanzas y Precios (MFP) unas 150 empresas habían presentado solicitudes formales hasta mediados de febrero. El proceso de evaluación comenzó incluso antes de que el ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva Fraga, hiciera declaraciones públicas sobre el tema.
En una primera fase fueron evaluadas unas 40 empresas y certificadas 25. Posteriormente se sumaron otras entidades estatales y “privadas”, incluyendo Servitec Mariel, perteneciente a GAESA. Tras el inicio oficial de la convocatoria, 390 mipymes privadas fueron llamadas a presentar documentación, pero solo 42 han sido autorizadas hasta el momento.
La revisión del listado de empresas aprobadas evidencia —según CubaNet— que muchas mantienen vínculos directos con estructuras estatales, ministerios o las Fuerzas Armadas. Entre ellas figuran Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, dependientes del Ministerio de Educación; Cubapack Internacional, también bajo el paraguas de GAESA y con oficina en Miami; y empresas del Ministerio del Transporte dedicadas a mantenimiento y servicios automotores.
Uno de los casos más sensibles es el del Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro. Según la investigación de CubaNet, Gaia cuenta con al menos dos contratos firmados para importar combustible, uno con la Agencia Importadora Caribe y otro con CUPET. La empresaria administra además otros negocios agrícolas y de procesamiento, que ahora asegurarían su funcionamiento gracias al acceso privilegiado al carburante.
También aparecen mipymes como Cambute S.R.L., vinculada a la Asociación de Combatientes de la Revolución, y Agroindustrial Media Luna, relacionada con figuras del aparato gubernamental. Otras empresas en proceso de autorización mantienen nexos con exdirectivos estatales, estructuras militares o familiares de altos dirigentes.
Aunque el discurso oficial presenta la medida como una apertura hacia el sector privado, en la práctica la importación de combustible continúa bajo estricto control estatal. Todas las operaciones deben realizarse a través de importadoras estatales y en coordinación con CUPET. Además, las mipymes deben disponer de divisas depositadas en bancos cubanos y cumplir una extensa lista de requisitos regulatorios.
Entre las exigencias se incluyen certificaciones del Instituto de Planificación Física, el Cuerpo de Bomberos y la Oficina Nacional de Administración Tributaria, así como la contratación obligatoria de pólizas con la aseguradora estatal ESICUBA. Incluso el almacenamiento del combustible depende de autorizaciones específicas y, en muchos casos, del uso de infraestructura estatal.
Esta estructura no elimina el monopolio, sino que lo reorganiza. GAESA y otras entidades oficiales no han cedido el control, sino que lo han adaptado, incorporando empresas satélite o formalmente privadas que mantienen vínculos con el poder.
En un contexto de profunda crisis energética, apagones frecuentes y escasez de combustibles, la medida podría aliviar a determinados sectores productivos, pero también encarecer los costos debido a los intermediarios y requisitos impuestos. Además, el entramado burocrático podría abrir nuevos espacios para privilegios y discrecionalidad.
(Con información de Cubanet)
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