Un nuevo acto de repudio organizado contra el jefe de la Misión de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha vuelto a poner en evidencia el uso sistemático de estructuras políticas del régimen cubano para hostigar e intimidar, esta vez en la ciudad de Camagüey. Lejos de tratarse de una reacción espontánea de la ciudadanía, como intentó presentar el oficialismo, las propias transmisiones y publicaciones de los participantes han dejado al descubierto la naturaleza planificada del operativo.
En las últimas horas fue identificado Yoel Santiesteban, de 24 años, como uno de los principales organizadores del acoso contra el diplomático. Santiesteban no es un ciudadano común: ocupa el cargo de jefe del Departamento de Organización de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia de Camagüey, una posición clave dentro del engranaje político del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Un video transmitido en directo desde sus propias redes sociales mostró con claridad que el acto no fue improvisado, sino coordinado desde las estructuras oficiales. La supuesta “indignación popular” quedó desmentida cuando el propio Santiesteban admitió públicamente su participación, escribiendo en Facebook: “¡Claro que estuve allí! ¿Qué puedes esperar de un joven comunista?”. Para muchos observadores, la frase funciona como una confesión explícita: no fue una protesta ciudadana, sino militancia cumpliendo órdenes.
El caso ha reavivado las denuncias sobre el uso de la UJC y el PCC como instrumentos para fabricar turbas políticas y reproducir el miedo como mecanismo de control social. En Camagüey, señalan activistas, no hubo espontaneidad, sino un guion repetido durante décadas por el castrismo.
A pesar de las evidencias, voces afines al régimen salieron rápidamente a justificar el hostigamiento. Una de ellas fue Teresa Salas Galbán, militante del PCC, quien defendió el acto asegurando que se trató de una “reacción espontánea del pueblo cubano” frente a las políticas de Estados Unidos. Según su versión, la acción representaba el sentir de los jóvenes que rechazan el embargo.
Sin embargo, los hechos contradicen esa narrativa. Además de Santiesteban, también fue identificada Tamara Álvarez Loyola como participante activa en el acto de repudio. Álvarez Loyola es militante de la UJC y del PCC, dirigente juvenil en Camagüey y conocida por su activismo digital en defensa del régimen. Ella misma transmitió en vivo el incidente, dejando pruebas directas de la implicación de militantes y propagandistas oficiales.
Estos señalamientos refuerzan una acusación recurrente contra el Estado cubano: la de presentar operaciones de intimidación como expresiones genuinas de la voluntad popular, ocultando la participación del PCC, la UJC y órganos como el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado. En Cuba, sostienen críticos del sistema, la “espontaneidad” solo existe cuando es convocada desde arriba.
El acoso a un representante diplomático extranjero no solo vulnera normas básicas de convivencia internacional, sino que también expone la persistencia de prácticas de hostigamiento político que el régimen continúa utilizando para enviar mensajes de fuerza tanto hacia dentro como hacia fuera del país.
Mientras el discurso oficial insiste en la defensa de la “soberanía” y la “dignidad nacional”, cada video, cada transmisión en directo y cada identificación de los implicados desmonta el relato. En Camagüey, una vez más, quedó al descubierto que detrás de la turba no estaba el pueblo, sino el Estado actuando como actor y director de su propio montaje.