El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) evalúa adquirir miles de guantes capaces de administrar descargas eléctricas para controlar a personas que opongan resistencia durante sus operaciones.
La agencia contempla destinar hasta 20 millones de dólares a la compra de estos dispositivos, denominados “dispositivos conductivos de distracción y desescalada”, según un aviso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La convocatoria para un contrato sin licitación podría comenzar próximamente y los equipos tendrían que estar disponibles para los agentes a más tardar en marzo.
La información fue difundida por la agencia AP, que señaló que los dispositivos son conocidos como G.L.O.V.E., siglas en inglés de Emisor de Generación de Descargas de Bajo Voltaje. Son fabricados por Compliant Technologies LLC, una empresa con sede en Kentucky cuyos productos ya han sido utilizados por departamentos policiales y centros penitenciarios.
De acuerdo con el fabricante, los guantes funcionan como un equipo convencional de patrulla hasta que el agente activa un interruptor. Para generar la descarga, deben entrar en contacto directo con la piel de la persona. La compañía sostiene que el estímulo provoca dolor inmediato y puede facilitar el control de individuos que presenten resistencia física.
El eventual uso de esta tecnología por parte de ICE ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles, especialmente debido a las críticas que han acompañado las operaciones migratorias de la administración de Donald Trump y al debate sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes.
Jenn Rolnick Borchetta, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), cuestionó la necesidad de incorporar estos dispositivos a las labores de aplicación civil de las leyes migratorias. También expresó preocupación por la posibilidad de que una persona reciba una descarga sin una advertencia previa.
El fabricante, por su parte, establece restricciones para su utilización. Los guantes no deben emplearse como castigo ni contra personas que simplemente sean consideradas beligerantes. También desaconseja su uso contra niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con determinadas discapacidades.
Defensores del dispositivo sostienen que puede ser utilizado en situaciones específicas en las que exista una resistencia física significativa, particularmente durante arrestos o traslados. También destacan que podría reducir el tiempo de los enfrentamientos y facilitar la intervención de agentes que tengan dificultades para controlar físicamente a una persona.
El fabricante exige capacitación para los agentes que utilicen los guantes y establece una recertificación cada dos años. Expertos consultados sobre el dispositivo también han señalado que su incorporación requeriría protocolos claros para evitar abusos.
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