La congresista de Miami María Elvira Salazar lanzó una crítica abierta y poco habitual hacia la administración del presidente Donald Trump, calificando la nueva ofensiva migratoria federal como una medida “antiamericana” y profundamente injusta.
La polémica estalló después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara una de sus restricciones más amplias en años: la suspensión temporal de todas las solicitudes de inmigración provenientes de ciudadanos de 19 países considerados “de alto riesgo”, entre ellos Cuba, Haití y Venezuela.
La orden de USCIS que llega tras el tiroteo fatal en Washington, D.C., donde un miembro de la Guardia Nacional fue asesinado supuestamente por un ciudadano afgano afecta desde ajustes de estatus hasta ceremonias de naturalización ya programadas. Incluso quedan pausados todos los pedidos de asilo en trámite, sin importar el país de origen.
Salazar, una de las pocas voces cubanoamericanas en el Congreso, calificó la medida como un “castigo colectivo” que penaliza a personas que siguieron estrictamente los pasos legales. Según dijo, congelar procesos de asilo, residencia o ciudadanía “no es la solución” y castiga a inmigrantes trabajadores que han cumplido la ley. “Eso es injusto, antiamericano y va contra los principios de este país”, afirmó.
La declaración de Salazar contrastó notablemente con la respuesta oficial de los otros dos congresistas republicanos de Miami, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, quienes responsabilizaron a la administración Biden, alegando que la paralización actual sería la consecuencia del “descontrol fronterizo” de los últimos años.
Mientras tanto, la preocupación crece en el sur de la Florida, donde miles de inmigrantes ya enfrentaban retrasos de años en sus expedientes.
Abogados locales reportaron que incluso personas que habían sido citadas esta semana para ceremonias de ciudadanía recibieron avisos de cancelación de última hora.
Para muchos cubanos, haitianos y venezolanos particularmente aquellos que perdieron sus protecciones de TPS y parole humanitario a inicios del año el anuncio del DHS significa volver a una situación de vulnerabilidad legal y un limbo que parece no tener fin.
La incertidumbre se extiende y, según expertos consultados por El Nuevo Herald, el impacto de esta medida será profundo y prolongado.
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